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MADRID.— Era algo que se barruntaba desde hace bastante tiempo, pero el dato concreto no se ha conocido hasta hoy. El déficit público alcanzó en 2015 los 56.061 millones de euros, lo que representa el 5,18% del PIB, casi un punto por encima del objetivo del 4,2% pactado con Bruselas. Las Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) no dejan lugar a dudas: el Gobierno ha sido incapaz de controlar el déficit pese a que Mariano Rajoy lleva cuatro años presumiendo de lo contrario.
Pero el dato es ligeramente peor si se incluyen las ayudas a la banca, que según el INE alcanzaron los 547 millones en 2015. Contando con esas ayudas, el déficit del conjunto de las administraciones públicas se elevó el pasado año hasta el 5,23% del PIB y sumó un total de 56.608 millones de euros, si bien dichas ayudas no computan en el procedimiento de déficit excesivo.
Esta cifra equivale a unos 10.800 millones de euros de gasto adicionales y obligará a realizar un ajuste de unos 24.000 millones de euros a lo largo de 2016 para poder cumplir con el objetivo del 2,8% previsto para este año. Es decir, la brecha entre los gastos y los ingresos tendrá que pasar de 56.608 millones en 2015 a 32.200 millones en 2016.
El Gobierno, sin embargo, no asume ninguna responsabilidad en ese descontrol: asegura que parte del desvío del déficit de 2015 se explica por partidas presupuestarias excepcionales que no volverán a repetirse este año. En concreto, apunta el pago del tratamiento de la hepatitis C, que se elevó a 1.090 millones de euros, además de otros cerca de 2.000 millones que afloraron en Catalunya tras la construcción de una prisión y otros 200 millones de un tranvía en Aragón. Estos gastos ya explican por sí solos alrededor de un tercio de la desviación del déficit.
En términos desglosados, la Administración General del Estado registró un déficit del 2,76% frente al objetivo fijado al principio del 2,9%. Las corporaciones locales, los ayuntamientos, tuvieron un superávit del 0,44% del PIB cuando tenían que registrar equilibrio (0%). Las Comunidades Autónomas registraron un déficit del 1,66% del PIB frente al 0,7% que les dejaba el Gobierno; la Seguridad Social tuvo un desfase del 1,26% frente al límite del 0,6%.
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