El desarrollo de los servicios sociales en España se ha estancado y ha comenzado a retroceder durante los años más críticos para los siete millones de personas que dependen de ellos. Entre 2009 y 2012, el conjunto de las comunidades autónomas ha reducido en más de 478 millones de euros el presupuesto destinado a personas sin hogar, mujeres víctimas de la violencia machista, dependencia o discapacidad, los que deja al país con nivel de desarrollo 'débil' (4,92 puntos sobre 10) a pesar de haber aumentado en dos décimas con respecto al años anterior.

Los datos se desprenden del índice DEC 2013, que mide el nivel de desarrollo de los servicios sociales basándose en tres aspectos clave: Derechos, Economía y Cobertura que cada comunidad autónoma ofrece a sus habitantes, ya que los gastos en servicios sociales pertenecen en exclusiva al ámbito de competencias de cada región.

El informe es elaborado anualmente por la Asociación Estatal de directores y gerentes en servicios sociales, que lleva trabajando, de forma independiente y sin recibir ningún tipo de subvención pública ni privada, casi 20 años en el campo de la igualdad, la convivencia o la integración social. En esta ocasión, la presentación ha tenido lugar en el Ateneo de Madrid, donde el presidente de esta asociación, José Manuel Ramírez, junto a Gustavo García y Luís Barriga, redactores del informe han explicado que se trata de cifras recopiladas de estadísticas oficiales publicadas por el INE, por Ministerios o solicitadas al gobierno autonómico.

'Es como si hubiera una epidemia y se despidiera a los médicos', critica Ramírez Ante estos datos, Ramírez ha criticado la 'incongruencia' de recortar en este ámbito en un momento como la actual crisis económica. 'Es como si hubiera una epidemia y se despidiera a los médicos', ilustra el director, quien resalta el riesgo de una 'quiebra en la cohesión social del país' por un aumento de la exclusión social que, en palabras de Gustavo García, 'no tiene nada que ver con la pobreza, que se resuelve con dinero, sino que la exclusión social se tarda mucho tiempo en erradicar' y advierte también de ese es 'el gran reto, que podrá acometerse con servicios sociales bien estructurados y no sólo con prestaciones económicas'

El director de la asociación también considera 'muy preocupante' no sólo esto datos, sino 'la dificultad para acceder a ellos. Estamos haciendo planificaciones a ciegas, por lo que este jueves vamos a presentar una queja a la defensora del pueblo en este sentido'.

Según el informe, la disparidad en la evolución en las distintas autonomías es 'extraordinaria', con regiones donde el índice obtiene calificaciones altas o media-altas como Navarra (7,15 puntos sobre 10), Euskadi (7,35) o La Rioja (6,85); mientras que otras obtienen calificaciones, ya no bajas, sino 'irrelevantes', es decir, una puntuación inferior a cinco puntos al relacionar entre sí las tres variables que consideran 'nucleares': Las leyes regionales que garantizan derechos sociales, la inversión o esfuerzo económico en esta materia por cada comunidad y el nivel de cobertura real que ofrece a los habitantes. La calificación de irrelevante se la han otorgado a la Comunitat Valenciana (0,60 puntos sobre 10), Canarias (2,00), Madrid (2,75) y Murcia (2,80), además de Galicia, que supera los tres puntos y Andalucía, por encima de los cuatro.

Según resaltan los ponentes, el desarrollo de los servicios sociales no depende exclusivamente de la inversión en ellos que, aunque es una parte fundamental, explican que deben ser bien gestionados, algo a lo que contribuye en gran medida 'el carácter descentralizado y el protagonismo de las entidades locales', que según García 'son esenciales en la organización y gestión de los recursos'.

El ejemplo paradigmático es el de Extremadura, que a nivel de esfuerzo económico ha recibido un 9 sobre 10 en este informe, destinando una gasto en servicios sociales de 338 euros por habitante y año, frente a los 275 euros de la media nacional. Sin embargo carece una de una legislación adecuada y de una cartera de servicios sociales adecuada y ofrece escasas coberturas a los extremeños. Algo parecido le ocurre a Cantabria, que ha obtenido un 10 en esfuerzo económico pero apenas un 2,5 en derechos reconocidos y un 6,2 en cobertura.

Destacan en un buena gestión de sus recursos comunidades como Castilla y León, cuya oferta de servicios se califica en el informe con un 7,3 frente a una inversión económica de 6 puntos.

Aun así, Gustavo García, ha valorado positivamente que siete comunidades hayan aumentado el gasto como Comunidad Valenciana (14,69%), Asturias (8,97%), La Rioja (7,83%), Comunidad de Madrid (5,18%), Cataluña (2,68%), Murcia (1,16%) y Cantabria (0,25 %) y ha explicado que comunidades como la Valenciana hayan incrementado el gasto y aún así estén a la cola de la clasificación se debe, según ha explicado García, a que 'el esfuerzo que hace todavía es muy pequeño', es decir, tenía 'un punto de partida muy bajo'.

Los tres ponentes han criticado también la reforma de racionalización y sostenibilidad de la administración local que el Ejecutivo de Rajoy  está preparando y en la que las autonomías absorberán muchas de los servicios sociales que ofrece la administración local. En palabras de Barriga, 'será un muy mal negocio, tanto para las arcas públicas como para los ciudadanos' porque 'el gasto en servicios sociales no es lo que dispara el déficit autonómico', puntualiza.

Desde la Asociación Estatal de directores y gerente de servicios sociales consideran que, a tenor de los datos presentados, el Estado debe comprometerse a  mantener el gasto en este ámbito 'al menos en los niveles que se encontraba al inicio de la crisis' y no realizar ningún nuevo recorte en esta materia, a riesgo de intentar reducir el gasto público 'a costa de las necesidades básicas de las personas y familias afectadas por la crisis'.

Del mismo modo, recomiendan pasar de las Rentas Mínimas de Inserción a una 'Garantía de Ingresos Mínimos', ya que muchas personas 'no precisan apoyo para la inclusión social', sino que son personas 'perfectamente integradas' que atraviesan dificultades.

Además, aconsejan que se mantenga el Sistema de Atanción a la Dependencia y que se replanteé la reforma de Régimen local en materia de servicios sociales, dado que son las autonomías con mayor nivel de descentralización y mayor protagonismo local las que se han mostrado más eficiente y eficaces.