Abogados de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) han comenzado hoy a redactar un escrito estándar que presentarán en los juzgados con el objeto de frenar los desahucios al amparo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que ha considerado irregulares los procesos de ejecución hipotecaria en España. 'Lo importante es traducir esta sentencia en hechos concretos', ha destacado la portavoz de esta plataforma Ada Colau, al explicar la reunión celebrada esta mañana en Madrid con abogados de la plataforma de toda España para diseñar las estrategias a seguir en los juzgados tras esa resolución.

Uno de los abogados presentes en esta reunión, Marti Batllori, ha expuesto a los periodistas que ahora deben 'plantear todo tipo de estrategias para entrar por la gran puerta abierta por el tribunal europeo y exigir a los jueces que se defiendan los derechos de los afectados' frente a los de las entidades bancarias. 'La idea es elaborar un documento que puedan esgrimir todos los afectados a través de sus abogados para paralizar los alzamientos, haciendo valer el derecho a que se declaren nulas las cláusulas abusivas de los prestamos hipotecarios', ha precisado. Pero no solo se trata de frenar desahucios sino que también se van a diseñar estrategias para tratar de reparar el daño causado a aquellas personas que ya han perdido su casa.

La plataforma va a intentar conseguir la nulidad de esos procedimientos con carácter retroactivo 'y que las personas puedan ser compensadas por ese daño', recuperando la vivienda y cancelando su deuda. La idea es obtener una compensación del Estado, demandándole 'por falta de trasposición de la directiva comunitaria por incumplimiento de la ley española de la directiva'. No obstante, Ada Colau cree que la solución al drama de los desahucios no está en los juzgados porque si lo que el tribunal europeo ha dicho es que 'la ley española es ilegal, lo que hay que hacer de manera urgente es cambiar esa ley'. A su juicio, el Gobierno está tratando de 'desvirtuar el espíritu de fondo de esa sentencia', que lo que ha hecho es detectar 'un problema grave estructural en el procedimiento' que causa 'indefensión a las personas afectadas'.

'Querer limitar eso a que si de un mes de impago se pase a tres meses, o al porcentaje de tipo de interés por mora, eso es escandaloso, un insulto a los afectados y exigimos (al Gobierno) que dejen de marear la perdiz y escuchen a los ciudadanos', ha remachado Colau al criticar las medidas aprobadas ayer en Consejo de Ministros. Para la portavoz 'es una vergüenza que el Gobierno, una vez más, esté atendiendo a los intereses de las entidades financieras en lugar de escuchar las demandas ciudadanas y acatar la sentencia del tribunal europeo'. Colau cree que es el momento de aplicar las medidas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que este colectivo consiguió presentar en el Congreso con el respaldo de un millón y medio de firmas.

No obstante, ha observado que las medidas propuesta en esa ILP son 'de mínimos' y no resolverían el problema del todo, 'pero permitirían hacer borrón y cuenta nueva y con una ley que sea justa podríamos encarar los procedimientos futuros'. Batllori también defiende que la sentencia 'pone la pelota en el tejado del Gobierno, que debe hacer una profunda reforma del sistema de ejecución hipotecaria', y también ha reclamado que ese 'cambio en profundidad' se haga en el sentido de la ILP. En esa iniciativa, ha añadido, se propone la dación en pago para cancelar la deuda y el alquiler social 'para seguir manteniendo una vivienda digna que es lo que nos pide Europa y que es lo que permite garantizar que no se aboque a las personas a una situación de exclusión social'.