En el país del 'con IVA o sin IVA', sólo 70 personas cumplen pena de prisión por robar de esa caja llamada Hacienda que, se supone, somos todos. En plena era de recortes, hay 6.000 millones de euros pendientes de cobro por la Agencia Tributaria porque, si el fraude cumple las condiciones de delito (supera los 120.000 euros y hay intención), no es posible ejecutar hasta que no hay sentencia en firme. El que defrauda a lo grande, tiene recursos para prolongar esa situación años. Sus abogados argumentan a veces en favor de que se considere delito para retrasar el pago, demostrando que miedo, lo que se dice miedo, a que la sentencia sea de prisión, no tienen. Pero si a usted Hacienda le coge en un renuncio en el IRPF, pague o tendrá embargada su cuenta en meses. ¿Está todo mal? Hay mucho que cambiar, según los expertos. Lo primero: querer combatir el fraude.

01. Delito prescrito

De cinco a diez años

Un delito fiscal prescribe a los cinco años. Los expertos insis-ten en que hay que alargar el plazo y ha habido amagos, incluida la aprobación por un Consejo de Ministros. Pero, al final, nada. La tramitación en el Parlamento de la modificación del Código Penal que incluía un aumento de las penas por delito fiscal y con ello del periodo de prescripción de cinco a diez años, mató el intento. 'Una enmienda de CiU aceptada por el PSOE volvió a reducir el plazo con el argu-mento de que podía afectar a la competitividad de las empre-sas, que tendrían que conservar la documentación más tiempo', explica Francisco De la Torre, secretario general de la asociación de los Inspectoresde Hacienda. 'La prescripción no se ha alargado, alegando la simplificación de las exigencias a los contribuyentes', lamenta Miguel Ángel García, director del Gabinete Económicoconfederal de CCOO. El director de la Agencia Tributaria, José María Meseguer, ha pedido estos días que se amplíe a diez años al menos para 'los grandes defraudadores'.

Los que ayudan al fraude, como bancos y abogados, deben ser responsables

02. Paraísos fiscales

Gravar la transferencia

Se trata de un concepto que parece llevar una palmera adosada pero que afecta desde a las vecinas Gibraltar y Andorraa Mónaco, pasando por el estado de Delaware en EEUU, aunque también islas lejanas. Uno de los países germen de la construcción europea, Holanda, sirve de puente al dinero desde los países trasparentes y con una estructura fiscal desarrollada hacia los que no cumplen ninguna de esas dos características. ¿Cómo se lucha contra el envío de cantidades desconocidas de dinero desde bancos en el Paseo de la Castellana a estos agujeros negros? Los expertos creen que hay que exigir al banco o que no trabaje con paraísos fiscales o que dé la misma información que la que da sobre su actividad en España.

Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco, propone 'un impuesto del 25%, por ejemplo, a toda transferencia que se realice con un paraíso fiscal' y explica que 'Francia penaliza fuertemente con un gravamen cualquier dividendo pagado desde un territorio que no colabora'. Añade que hay que hacer campaña a nivel internacional para que cambie la forma de catalogar un territorio como paraíso fiscal. 'Lo que ha hecho la OCDEes una pantomima. Para ellos, ya no hay paraísos, porque basta, para dejar de serlo, con tener acuerdos de intercambio de información con 12 países', añade. Ejemplo: Mónaco no es paraíso fiscal por los acuerdos, entre otros, con Bahamas, Liechtenstein, Qatar, Samoa o San Marino.

De la Torre está de acuerdo con implantar una tasa similar a la Tobin para envío de dinero a paraísos fiscales y propone, además, 'no reconocer la estructura jurídica de sociedades que estén radicadas en estos territorios'. Cualquier arma que sirva 'para presionar la entrada y salida del dinero a través del sistema financiero. Que se vean obligadosa hacerlo con maletines, que es mucho más complicado'.

03. Falta personal

Policía fiscal

La Agencia Tributaria cuenta con 28.000 empleados. Según ha reconocido Meseguer estosdías, en 2012, serán 3.000 menos por las jubilaciones que ahora no se cubren. De nuevo el recorte del gasto por encima de la búsqueda de aumento del ingreso. 'En Francia cuentan con 150.000 personas. Espa-ña, según la OCDE, es uno de los países que más recauda por euro de gasto en inspección. Eso significa que somos muy eficaces, pero lo somos para las retenciones en nómina, no para buscar el fraude más sofisticado', comenta De la Torre. 'El Presupuesto de la Agencia Tributaria ha disminuido un 15% en tres años, sin incluir la reducción del salario de los funcionarios', añade.

Además de más medios, los inspectores reclaman hace tiempo una Policía fiscal.

Esta semana, el candidato socialista a las elecciones generales del 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, rescataba esta idea que él mismo vetó en diferentes ocasiones desde el Ministerio del Interior.

Según los inspectores, sería más fácil con ese mecanismo luchar contra las grandes redes de IVA, así como poner en pie planes para detectar testaferros y personas interpuestas que ocultan la verdadera identidad de los titulares de rentas y bienes; detección de sociedades pantalla investigando de forma sistemática a quienes figuren como administradores de una red de firmas y llevar a cabo el plan de signos externos, que busca la ostentación de riqueza (coches de lujo, etc.) para comprobar los ingresos que declara quien los utiliza.

04. Cumplir la norma

La burla de las Sicav

Para luchar contra el fraude, 'tiene que haber una aplicación efectiva de las normas legales. Un sistema contra el delito fiscal aplicado de forma contundente', comenta Jesús Ruiz Huerta, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. El primer ejemplo que surge son las Sicav, vehículos de inversión que tributan al 1%, que son los únicos que no puede controlar la Inspección de Hacienda y que incumplen sistemáticamente sus condiciones. De la Torre considera que se 'debe cumplir la ley', con respecto al número de partícipes, su capacidad de decisión, en qué invierten,'y que esto sea verificado por la Inspección de Hacienda. 'La hipocresía del sistema' con este tipo de instrumentos 'lo contamina todo. Es un espectáculo bochornoso que no contribuye a formar la conciencia fiscal de España'.

05. Módulos

Nido de facturas falsas

El sistema de módulos es una de las fórmulas de la fiscalidad española más criticada por los expertos. Consiste básicamente en pagar una cantidad fija tanto por IVA como por IRPF en función del tipo de negocio o actividad y una serie de características que van desde número de camareros contratados por un bar a kilómetros recorridos por la furgoneta de un autónomo.

Este sistema, pensado en principio para facilitar la vida de quienes no están obligados a llevar una contabilidad, es más rentable cuanto más ingresos se tiene. Eso lo convierte, según De la Torre, 'en un nido de facturas falsas que genera un daño muy alto al sistema. Hay delegaciones de la Agencia Tributaria en las que más de la mitad de sus efectivos se dedica a perseguir las facturas falsas del régimen de módulos. Es una situación cada vez más preocupante. Según la Fiscalía General del Estado, en 2010 se dieron un 40% más casos que en el ejercicio anterior'.

Juan Carlos López-Hermoso, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), coincide en que los módulos suponen 'un incentivo al fraude'. En su opinión, 'deben suprimirse totalmente. La fórmula sólo responde a que la Administración quiere garantizarse un mínimo de recaudación. Al que no le sale bien, se va del régimen de módulos. El que gana más, tiene un incentivo al fraude. Me da igual lo que dicen los autónomos de la sencillez. Todo el mundo sabe sumar y restar', añade.

06. Otros culpables

Bancos, abogados...

'Nadie defrauda solo', comenta Ignacio Zubiri, catedrá-tico de Hacienda de la Universidad del País Vasco. 'Bancos, despachos de abogados, asesoran sobre cómo esquivar el pago de impuestos. Todo el que ayude a defraudar debería ser corresponsable. Todo el que ofrezca productos potencialmente fraudulentos, también', añade.

07. Castigo ejemplar

Endurecer las penas

Los expertos piden que se incrementen las penas, situadas en un máximo de cuatro años de prisión para los fraudes más graves, así como que los tribunales no sean tan renuentes a imponer penas de cárcel a quien defrauda. 'Medidas ejemplarizantes y también penalización social', comenta Miguel Ángel García. 'Hay que multiplicar las sanciones por cuatro', comenta Zubiri. 'No puede ser rentable defraudar', añade.