El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha remitido a Anticorrupción la querella presentada a finales de febrero en España contra las tres grandes agencias de rating Moody's, Standard & Poor's y Fitch, impulsada por siete organizaciones sociales y políticas, entre ellas IU, ICV y ERC. El juez Ismael Moreno ha abierto diligencias, pero técnicamente sigue pendiente de decidir si la acepta a trámite, a la espera de la opinión de la Fiscalía.

El fiscal que se ocupará del caso es Alejandro Luzón, que recibió formalmente el expediente la semana pasada. Fuentes jurídicas explican que tiene previsto encargar un informe técnico antes de pronunciarse sobre si existen indicios de delito y, en tal caso, sobre si la Audiencia Nacional es el lugar competente para juzgarlos.

La anterior fiscal se reunió con emisarios de las calificadoras

Las mismas fuentes explican que la fiscalía ha trasladado el caso a Anticorrupción como consecuencia de los supuestos delitos que la querella, coordinada por los abogados Gonzalo Boye y Jaume Asens, atribuye a las agencias de rating por su 'conflicto de intereses': los regulados en el artículo 284 y 285 del Código Penal, cuyo incumplimiento es penado con multa e incluso con entre seis meses y cuatro años de prisión.

En el artículo 284 se persigue 'intentar alterar los precios que hubieran de resultar de la libre concurrencia'. El 285 se aplica a quien use 'información relevante' a la que haya tenido 'acceso reservado con ocasión de su actividad profesional o empresarial'.

Las agencias avisaron a la UE de que pueden dejar países sin calificar

Pese a que la remisión del expediente a Anticorrupción tiene un origen técnico, también permite a la Fiscalía sortear la polémica generada tras trascender que la fiscal encargada del caso hasta la semana pasada, Carmen Monfort, había mantenido reuniones informales sobre la querella con abogados de los bufetes Cuatrecasas y Uría, emisarios de las calificadoras. El diputado de IU, Gaspar Llamazares, presentó incluso una pregunta parlamentaria para aclarar el porqué de las conversaciones.

La querella se ha convertido en un asunto muy sensible políticamente porque el objetivo del Ejecutivo es sortear el acoso de los mercados, uno de cuyos símbolos son precisamente las agencias de rating, que califican las emisiones de deuda que luego compran los inversores. Cuanto peor sea la calificación, más difícil y más caro resulta financiarse.

España no sólo aspira a rebajar el coste que le supone la emisión de deuda, sino que algunas de las inminentes salidas a Bolsa, que el equipo económico del Gobierno y los analistas juzgan clave para consolidar un escenario que al menos apunte a la recuperación, la de Bankia, el mes que viene, y la del 30% de Loterías, en otoño van a depender, en parte, de algunos de los accionistas de las principales agencias de rating, como BlackRock,el mayor gestor de fondos del mundo, que tiene el 5,3% de la matriz de Standard & Poor's y el 6,3% de Moody's.

Las agencias no se han pronunciado públicamente sobre la querella, que consideran infundada, pero han reaccionado en otras ocasiones análogas con gran vehemencia, aunque siempre de forma oficiosa.

El 31 de marzo, y en pleno conflicto entre la Comisión Europea y las principales agencias ante las rebajas que agravaban los problemas de Portugal y Grecia, Reuters difundió el siguiente teletipo, citando 'fuentes del sector': 'Las agencias de calificación han advertido a la Comisión de que podrían dejar de calificar a los países más expuestos si sigue adelante con sus planes de hacerlas legalmente responsables de rebajas erróneas'.

Los expertos coinciden en que si las agencias dejaran de calificar la deuda de un país, este se vería abocado a la quiebra de forma inmediata. Ya lo advirtió el columnista de The New York Times Thomas L. Friedman en un famoso artículo de 1995: 'Vivimos en un mundo con dos superpotencias: Estados Unidos y Moody's. EEUU puede destruir un país lanzádole una bomba. Y Moody's, rebajándole la calidad de la deuda'.