Ramón Gorriz Vitalla
Secretario Confederal de Acción Sindical de CCOO

La libertad sindical y el ejercicio del derecho de huelga está teniendo una creciente y preocupante intervención del Ministerio Fiscal, en el marco de una clara ofensiva, en la que todos los datos apuntan hacia un intento de restringir el derecho constitucional de huelga.

En nuestro país, y durante más de treinta y cinco años, los trabajadores hemos venido ejerciendo democrática y constitucionalmente este derecho de titularidad individual pero de ejercicio colectivo. Ahora está siendo cuestionado por las autoridades públicas como se infiere de las múltiples causas y actuaciones penales desarrolladas contra los trabajadores que participaron legítimamente en las huelgas convocadas por los sindicatos contra las reformas laborales o los recortes en el Estado Social y de Bienestar, por supuestas actividades delictivas durante el desarrollo de las mismas.

Desde hace ya algún tiempo, el sindicalismo de clase se enfrenta a una poderosa campaña mediática, alentada desde sectores conservadores, que tenia y tiene un único objetivo, debilitar la capacidad de intervención del sindicalismo.

Una sistemática e implacable campaña que no repara en medios y que apunta al corazón mismo de las relaciones laborales. En la estrategia informativa de descrédito del proyecto sindical, no se pone en cuestión una u otra actuación de los sindicatos. O al menos, no solo. Se ataca la propia existencia del sindicalismo democrático y su función constitucional, lo que nos sitúa ante una ofensiva conservadora que en ocasiones avanza extramuros de la democracia.

Al igual que, quiero subrayarlo, se constata la existencia de procedimientos penales en el conjunto del Estado que afectan a decenas de sindicalistas, que impulsados por determinados sectores de la fiscalía, utilizan curiosamente, los mismos criterios, que o se demuestra lo contrario, con hechos y no con palabras, o hemos de partir que se está siguiendo una determinada y política instrucción.

Procedimientos penales, en los que la fiscalía, esta pidiendo prisión, con actuaciones sin precedentes, por el hecho de ejercer un derecho fundamental, cual es, el derecho de huelga.

La persecución de la libertad sindical se une a otras iniciativas desarrolladas para cercenar libertades públicas y limitar derechos como las últimas reformas legales en materia del Código Penal o de seguridad ciudadana o las que niegan la gratuidad en el acceso a la Justicia.

La respuesta sindical, política y social, ante la criminalización de la actividad sindical y la ofensiva penal contra el derecho de huelga va a ser una constante en España y a nivel internacional.

Hemos reclamado al Ministerio de Justicia la adopción de medidas inmediatas que eviten la entrada en prisión de personas decentes, que cuando hacen huelga, ejercen un derecho constitucional. Al igual que hemos manifestado tanto al Fiscal General de Estado como al Presidente del Consejo General del Poder Judicial que la criminalización del sindicalismo, tiene que acabar y que evitemos con ello consecuencias no deseadas.

Iniciativas que van a estar acompañadas por la movilización, por el desarrollo también, de iniciativas desde el sindicalismo internacional, que mira sorprendido lo que esta ocurriendo en España. Iniciativas igualmente que nos van a llevar a denunciar estos hechos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros organismos europeos e internacionales.

En definitiva, para CCOO son inaceptables los procesos abiertos contra cientos de sindicalistas en nuestro país y adoptaremos tantas medidas sean necesarias para que los cauces democráticos terminen por abrirse camino.