El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto ley de Saneamiento del Sector Financiero.  En esta reforma, explicada ayer por el ministro de Economía, Luis de Guindos, destaca la limitación en las retribuciones de las cúpulas directivas de las entidades que han recibido ayudas públicas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España.

Así, el Gobierno ha decidido que los miembros de las cúpulas directivas de las entidades que han recibido ayudas públicas no puedan percibir más de 600.000 euros anuales en total y que los miembros de las cúpulas de las entidades intervenidas no cobren más de 300.000.

Con respecto a las entidades con asistencia financiera, como son BFA-Bankia, Banca Cívica, BMN y Caja España, además los consejeros no ejecutivos no podrán cobrar más de 100.000 euros y se reducen los sueldos de los directivos con respecto a la media en un 67% para los presidentes y 65% para los consejeros delegados y directores generales. Además, se elimina cualquier retribución variable.

En cuanto a las cuatro entidades intervenidas -Banco de Valencia, Catalunya Caixa, Unnim y Novagalicia- el sueldo de los miembros del consejo de administración se limita a un máximo de 50.000 euros anuales brutos.

Así lo anunció el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha dado 'luz verde' a la reforma del sector financiero que, entre otras medidas, exige una provisión adicional a la banca por importe de 50.000 millones de euros.

Estas medidas suponen un considerable recortes a los sueldos de los principales directivos de los bancos y cajas españoles, algo que la sociedad española llevaba demandando desde hacía mucho tiempo.

Por ejemplo, el presidente de BFA-Bankia, Rodrigo Rato, reconoció que percibía una remuneración anual de 2,34 millones de euros, lo que le coloca a la cabeza de estas entidades, seguido del consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, al que corresponden 2,26 millones anuales. El presidente de Banca Cívica, Antonio Pulido, y su vicepresidente Enrique Goñi, reconocieron 900.000 euros, en tanto que el presidente de BMN, Carlos Egea, percibe un salario anual de 450.000 euros.

En las entidades intervenidas destaca el sueldo del presidente de Catalunya Caixa, Adolf Todó, percibe 1,55 millones anuales, y de su director general Jaume Masana, 860.000 euros, en tanto que el director general de Unnim, Jordi Mestre, cobra 960.000 euros.

En Novagalicia, el presidente Jose María Castellano, y el consejero delegado, Cesar González-Bueno, reconocieron un salario de 890.000 euros anuales.

En este decreto ley, también se decide simplificar las estructuras de las cajas de ahorro que no tengan actividad de crédito.

En esa simplificación destaca que las cajas de ahorros que desarrollan su negocio financiero a través de un banco tendrán que limitar sus órganos de gobierno, exclusivamente, a una asamblea general y a un consejo de administración.

Por eso, De Guindos ha argumentado que era necesario simplificar la estructura organizativa de estas cajas y bastará con la asamblea general y el consejo de administración. Excepcionalmente, en algunos casos que fuese razonable, De Guindos ha añadido que podrá persistir la comisión de control.

El Gobierno ha aprobado también que las cajas de ahorros desprovistas del negocio financiero destinen a su obra social al menos el 90% de los dividendos que reciban por su participación en el banco. En los últimos años varias cajas se agruparon en bancos a los que trasladaron su negocio financiero y quedaron desprovistas de esta actividad, para ocuparse principalmente de la obra social.

En cualquier caso, el número de miembros de cada uno de estos órganos de gobierno y la periodicidad de sus reuniones quedarán fijados en los estatutos de las cajas de ahorros.

Otra de las novedades aprobadas por el Gobierno permite que las cajas desprovistas de su negocio financiero no pasen a ser fundaciones dependientes de las Comunidades Autónomas tan fácilmente.

Hasta ahora, la ley obligaba a que las cajas de ahorros se convirtieran en fundaciones si controlaban menos del 50% de los bancos que crearon, lo que impedía que muchas entidades pudieran ampliar fácilmente su capital. Ahora, siempre y cuando mantengan una participación en sus bancos de al menos el 25% o simplemente el control, podrán mantener su estatus de caja.