'Improvisado', 'precipitado', 'imposible de aplicar'. Así habían calificado algunos consejeros de Educación el calendario de implantación de la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Ante tanta presión, impuesta también desde algunas comunidades gobernadas por el PP, el titular del ramo, José Ignacio Wert, ha vuelto a ceder, aunque sólo en parte. Con ello consiguió contentar a la mayoría de las Comunidades, aunque quienes ya habían protestado esta mañana salieron de la reunión con el ministro igual que habían entrado: descontentos. 

'El calendario de implantación de la Lomce está especificado en la Ley, por lo que no se puede cambiar', explicó este miércoles tras la reunión de la Conferencia Sectorial. Sin embargo, el ministro sí cedió a las peticiones de los consejeros de Educación de Madrid o Castilla y León (Lucía Figar y Juan José Mateos, respectivamente), entre otros, de retrasar el desarrollo de los currículos de las asignaturas de todos los niveles educativos y centrarse sólo en aquellos que se harán efectivos el próximo septiembre.

Una vez aprobada la ley Wert, el Gobierno debe desarrollarla con Reales Decretos que especifiquen detalles de aplicación de la misma. Algunos de ellos tienen que ver con el contenido de las asignaturas o las condiciones en que se celebrarán las futuras reválidas. El Ministerio había prepararado un borrador de más de mil páginas en el que se especificaba las competencias básicas que un alumno debía adquirir en cada materia de cada nivel educativo. Las Comunidades, sobrepasadas, exigieron entonces limitar el trabajo a las asignaturas de primero, tercero y quinto de Primaria y a la FP Básica, que serán las primeras en implantarse en los colegios.

Wert aceptó, tras reconocer que el calendario de implantación impuesto por su departamento es 'exigente',  y los titulares autonómicos del PP aplaudieron el 'respiro' que les ha dado. Sin embargo, la consellera catalana, Irene Rigau, no cambió su opinión e incidió en la idea de que la Lomce es fruto de la 'improvisación' del Ministerio; la vasca, Cristina Uriarte, aseguró que las Comunidades rebeldes seguían 'en el mismo punto' que por la mañana porque el acuerdo de la tarde 'no resuelve la imposibilidad de la puesta en marcha del nuevo sistema'; y la asturiana, Ana González, destacó de nuevo las 'dificultades para realizar los trabajos técnicos y acometer las inversiones necesarias para implantarla'. 

Precisamente la 'inversión' fue otro de los temas debatidos entre consejeros autonómicos y los responsables del Ministerio de Educación. Wert anunció que 'para el período de programación 2014-2020' el Gobierno cuenta con '1.200 millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo, que se complementarán con una cofinanciación de 800 millones' que procederán de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, que 'el Ministerio asumirá la cofinanciación nacional de los gastos directamente relacionados con la implantación de la Lomce hasta que entre en vigor la revisión quinquenal del sistema de financiación de las CCAA', aclara el departamento en una nota. El detalle de cómo se repartirá tal cantidad entre las Comunidades Autónomas se definirá en abril, en una nueva Conferencia Sectorial monográfica al respecto.

En cualquier caso, Wert admitió que esos dos mil millones, destinados especialmente a FP Básica y los nuevos itinerarios de cuarto de ESO, no tiene por qué ser el coste final de implantanción de su ley. Una vez más reconoció que instalar el nuevo sistema puede conllevar sobrecostes 'en función de su éxito', dijo, haciendo referencia al 'objetivo' de reducir el abandono escolar temprano. 'Eso implica mantener en el sistema a más alumnos, por lo que los costes serán mayores cuanto mayor sea el éxito de la ley', aventuró.