La tasa a las transacciones financieras que quieren introducir España y otros diez países se aplicará de forma gradual sobre los activos financieros, empezando por las acciones, explicó este martes el ministro español de Economía, Luis de Guindos. 'Tenemos un acuerdo sobre el primer activo que estaría sujeto a la tasa. Van a ser las acciones', señaló en rueda de prensa al término del Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) y tras la reunión que mantuvieron al margen los once países para intentar sacar del estancamiento este proyecto común.

En todo caso no está todavía claro si luego con el tiempo la tasa se extenderá a más productos financieros. 'Hay algunos activos que son más sensibles y no tenemos que extendernos a todos los activos en el tiempo', señaló De Guindos. España defiende además que se graven las transacciones tanto en el mercado al contado como en el de derivados, indicó, y que rija el criterio de emisión (es decir donde se realiza la operación) y no tanto el de residencia, para evitar deslocalizaciones.

De Guindos explicó que los trabajos técnicos continuarán sobre la tasa a las transacciones financieras y que espera que con estas bases, generalmente aceptadas por todos los ministros involucrados, se logre un acuerdo definitivo para implantarla. El proyecto, al que se dio forma en octubre de 2012 cuando un grupo de países decidió unirse para impulsar la tasa, sigue estancado desde entonces por diferencias entre los mismos Estados miembros que quieren aplicarla.

Fuentes diplomáticas dijeron que hay dos grupos, uno formado por los países pequeños a favor de tasar a más productos financieros, como propuso la Comisión Europea, y otro compuesto por los grandes que abogan por 'más prudencia' y por empezar con una gama de instrumentos más reducida, como España. A juicio de De Guindos, 'hay voluntad política de avanzar', pero la tasa tiene que diseñarse con fundamentos económicos adecuados.

El grupo de países que trabaja en aplicar una tasa a las transacciones financieras comprende España, Francia, Alemania, Bélgica, Austria, Eslovenia, Portugal, Grecia, Eslovaquia, Italia y Estonia. La Comisión Europea plantea gravar con un 0,1% las transacciones con acciones y bonos, participaciones de fondos de inversión colectiva, acuerdos de recompra y de préstamo de valores y los instrumentos del mercado monetario, y con un 0,01 % las operaciones con derivados.

El ministro francés de Economía, Pierre Moscovici, afirmó a su llegada al Ecofin que desea una tasa ambiciosa pero dentro de lo realizable y con una base imponible amplia. 'Es justamente esta base imponible que hay que discutir, para que la repartición sea útil a la economía real', sostuvo. En su opinión, los once países necesitan 'de aquí a las elecciones europeas una propuesta sólida y realista y que no se base en un impuesto que provoca una huida de capitales. 'Necesitamos un acuerdo antes de las elecciones europeas', dijo Moscovici, quien espera que en la cumbre franco-alemana del miércoles salga una posición común.

Además, en la reunión del Ecofín, el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, se ha resistido a flexibilizar su posición sobre el nuevo mecanismo de liquidación de bancos con problemas, un paso necesario para facilitar un acuerdo con la Eurocámara, y ha insistido en que la prioridad debe ser que las entidades paguen por futuras crisis y no que se traslade la factura de unos países a otros. Schäuble ha cuestionado las dos principales vías que se están explorando para acercar posturas con la Eurocámara: acortar de 10 a 5 años el periodo de mutualización del nuevo fondo de 55.000 millones de euros para financiar las quiebras y permitir que se endeude en el mercado en caso de que se quede sin dinero.

En contraste, la mayoría de las delegaciones y el Banco Central Europeo (cuyo presidente, Mario Draghi, fue quien propuso estas alternativas) han respaldado estas soluciones de compromiso. No obstante, tanto Berlín como el resto de Estados miembros han expresado su voluntad de alcanzar un acuerdo con la Eurocámara antes del fin de la legislatura en abril.

El Ecofin ya alcanzó en diciembre un acuerdo sobre el mecanismo de liquidación, que respondía a las exigencias de Alemania, según el cual el fondo estará formado por compartimentos nacionales durante un periodo transitorio de 10 años. Ello significa que cada país pagará por sus propios bancos. Pero tanto el Parlamento como la Eurocámara han pedido acelerar los plazos para garantizar que haya suficiente dinero.