El 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia sobre la Mujer, es una llamada de atención hacia este grave atentado contra los derechos humanos de las mujeres y sus hijos. Un  problema social que afecta a todas las sociedades y arraiga en una historia desigualitaria que usa la violencia como mecanismo social para forzar a la mujer a una situación de sumisión respecto del hombre. Así lo dice la Declaración de las Naciones Unidas de 1993.

La sociedad española ha dado un gran salto al convertir en un problema público, perseguible de oficio, lo que antes era calificado como privado y blindado frente a la eficacia de las leyes: la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, el crimen encubierto más extendido en el mundo.

La ley integral contra la violencia de género recogió las características específicas de esta forma de criminalidad en el ámbito de la pareja y diseñó una tutela institucional que, en el ámbito judicial, está sometida a continua evaluación a través del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Contamos con juzgados, fiscalías y unidades policiales formadas. Los datos confirman que la especialización da buenos resultados: las peticiones de orden de protección se resuelven en menos de 72 horas; las mujeres no están solas, tienen asistencia letrada; no hay impunidad para las primeras amenazas, coacciones o malos tratos, que se condenan en un 78%, de los casos a diferencia de lo que ocurría en la década de los noventa. Desde el año 2010 han disminuido los feminicidios y los casos de mujeres asesinadas que en algún momento habían denunciado (ahora en torno al 19%).

Sin embargo, no podemos bajar la guardia. Estamos atravesando un momento crucial, en el que la crisis económica y sus negativos efectos  —bajada de denuncias por la precarización de salarios y empleo—  es un contexto perfecto para dar un golpe al péndulo y recortar los logros en la lucha contra la violencia de género. El primer paso sería hacerlo desaparecer de la esfera pública —se ha reducido el tiempo en los informativos— y devolverlo a la página de sucesos. El siguiente paso, hacerlo desaparecer de la agenda política, educativa. Asistimos a un movimiento silente pero activo de sectores sociales que han tenido miedo al avance en los derechos de ciudadanía de las mujeres.

Estaremos alerta a este golpe del péndulo, porque el sufrimiento de las mujeres y sus hijos no nos permite dar ni un paso atrás.

* Inmaculada Montalbán es magistrada y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial