El PP ha comunicado hoy al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que no puede entregarle los registros de entrada a su sede de Génova de 2001 a 2008, tal y como le requirió, porque son eliminados cada mes en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.

Sin embargo, la ley a la que hace referencia la formación no especifica que tales registros deban ser eliminados en un intervalo fijo de tiempo. De hecho, ni siquiera hace referencia explícita en relación a los libros de registro de visita en edificios, salvo en una Instrucción separada.

El apartado 5 del artículo 4 de la Ley de Protección de Datos indica efectivamente que 'los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados'. Esa frase deja en manos de los responsables de los ficheros la decisión final de cuándo deben ser cancelados. En su comunicado de hoy, el Partido Popular remarca que sus ficheros de registro son eliminados mensualmente para ajustarse a la Ley.

La Ley de Protección de Datos indica que todos los responsables de ficheros deben darlos de alta y especificar la finalidad de su uso. El objetivo es que no se puedan utilizar ficheros donde se almacenan datos personales para otro fin que no sea aquel por el que se recabaron los datos. La finalidad de un libro de registro de visitas es muy concreta: controlar las personas que entran y salen de un edificio.

Fuentes cercanas a la AEPD aclaran que existe una Instrucción de de marzo de 1996, sobre ficheros para el control de acceso a los edificios, que se refiere a la necesidad de regular los datos constituidos por sonido e imagen, como los de vigilancia por videocámara. En su Norma quinta, esta Instrucción se refiere a la cancelación de los datos e indica que 'deberán ser destruidos cuando haya transcurrido el plazo de un mes, contado a partir del momento en que fueron recabados'.

El pasado 31 de mayo, el juez del caso Gürtel pidió esa información, en el marco de la pieza separada en la investigación la supuesta contabilidad B del PP, para comprobar que visitaron su sede alguno de los ocho constructores imputados en la causa por presuntas donaciones irregulares al partido a cambio de adjudicaciones públicas.

Uno de estos empresarios, el propietario del grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, admitió en su declaración como imputado ante Ruz, el pasado 27 de mayo, que mantenía una amistad familiar con el extesorero del PP Álvaro Lapuerta, antecesor de Luis Bárcenas en ese puesto, y comentó que estuvo varias veces con él en su despacho de la sede del PP. Otros dos empresarios, el expresidente de FCC Construcción José María Mayor Oreja y el apoderado de la constructora Rubau, Antonio Vilela, reconocieron que hicieron pagos al PP en la sede del partido.

El juez reclamó además 'todo tipo de contratos' de las ocho empresas que figuran como donantes en los papeles con la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas, las locales y los organismos autónomos, 'en relación con la eventual concesión a las mismas de adjudicaciones públicas'. En concreto, solicitó los contratos públicos de las sociedades Sorigue-ACSA, Conservación de Infraestructuras; Sorigue; José Antonio Romero Polo; Licuas; Desprosa; Grupo de Empresas Bruesa; Bruesa Construcción y Cyopsa-Sisocia.

Además de reclamar los registros de entrada a su sede durante esos años -los que aparecen en los denominados 'papeles de Bárcenas' que apuntarían a esa supuesta contabilidad opaca del PP- el juez pidió también al partido que le remita la información de su cuenta de 'Gastos de Representación' de 2004 a 2012, así como los libros de contabilidad de las sedes territoriales de Galicia, Cantabria, La Rioja, Cataluña y Málaga y Sevilla entre 1997 y 2007. Otras de las diligencias pedidas son información a la Agencia Tributaria sobre cobros y pagos realizados por terceros al PP de 1990 a 2005 y testimonio de las declaraciones del impuesto de sociedades del partido de 2007 y 2008.