'En Baleares los compañeros del PP han sufrido mucho porque se encontraron con personas que habían metido la mano en la caja. En Valencia estamos hablando de otra cosa. [... ] Eso no lo admitiría en ningún caso. [...] Si fuera así, habría una firmeza absoluta por mi parte'. Con frases como ésta (enmarcada en una entrevista concedida a El Mundo en 2011) y gestos como su reunión con la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio (a la postre, vacía de contenido), Alberto Fabra (PP) accedió, en 2011, a la presidencia de la Generalitat presumiendo de un talante renovador sobre su predecesor, Francisco Camps, y de firmeza contra una corrupción que, por entonces -aunque todavía en grado de presunción- habitaba en los escaños de la bancada del PP en Les Corts Valencianes.

Sin embargo, esta semana, casi dos años después de aquel relevo -y en vísperas de que una nueva imputación, esta vez por el caso Nóos, pueda sumar a Francisco Camps junto a Rita Barberá a la fatídica lista de imputados-, Alberto Fabra se ha visto asediado por la oposición en la sesión de control al Gobierno del Parlament valencià. ¿El motivo? El procesamiento del diputado conservador Rafael Blasco por tráfico de influencias, prevaricación, malversación e inducción a la falsedad en el caso Cooperación -que investiga el desvío a una trama corrupta de aproximadamente ocho millones de euros destinados, a priori, a cooperación internacional- sin consecuencia alguna en su adscripción al grupo parlamentario popular.

Durante el mandato de Fabra el número de imputados del PP se ha incrementado  'Seré coherente con los planteamientos que hagan la Abogacía de la Generalitat y la juez en cuanto a las conclusiones y determinaciones que tenga que tomar, y lo haré con la máxima contundencia, no tengan ninguna duda', respondía el presidente del PP valenciano a las preguntas de Compromís. Fabra alargaba, así, hasta el último instante -el previo a la posible apertura del juicio oral- su decisión sobre el futuro de Blasco. Al mismo tiempo, también posponía la plasmación del grado de firmeza de su tolerancia a la corrupción. Si, de abrirse juicio contra el exconseller, Fabra le reclama el acta de diputado, por fin se desmarcaría de la laxitud de Francisco Camps. De no hacer nada mientras se espera una sentencia, nada habría cambiado. Y lo cierto es que, durante su mandato, el número de imputados y procesados del Partido Popular en cargos de responsabilidad, lejos de reducirse, se ha incrementado.

Citada en numerosas ocasiones por la prensa afín como un hecho rotundo, lo cierto es que la doctrina Fabra contra la corrupción ni tiene unas reglas establecidas firmes, ni ha demostrado cambiar nada respecto al escenario heredado de su predecesor. Los hechos muestran que Camps dejó al exalcalde de Castelló un grupo parlamentario con seis diputados imputados, tres en vías de serlo y dos procesados (incluido el expresidente), mientras que en la actualidad la lista de diputados imputados se eleva a cinco, dos con posibilidades de serlo (Camps y Barberá) y cuatro procesados (el citado Blasco, por el caso Cooperación; y otros tres exconsejeros -uno de ellos ex vicepresidente del Consell-, en relación a una de las ramas del caso Gürtel).

Entre una lista y la otra tan sólo hay dos bajas, aunque ninguna por acción de Fabra: mientras que, por un lado, Camps era considerado 'no culpable' por el jurado popular del caso de los trajes de la trama Gürtel, por otro, el alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, resultaba condenado y era inhabilitado para cargo público, por lo que se veía forzado a abandonar su escaño.

Fabra no ha mostrado firmeza alguna ni con los imputados 'heredados' de Camps ni con los actuales Del mismo modo, al igual que Fabra no ha mostrado firmeza alguna con los imputados heredados, tampoco lo ha hecho con los nuevos, permitiendo permanecer en sus escaños tanto a Blasco, como a la primera edil de Alicante, Sonia Castedo, y a su predecesor en la alcaldía, Luis Díaz Alperi, una vez se confirmaron sus imputaciones en el caso Brugal. Es más, los gestos de relativa firmeza emitidos desde su mandato han acabado en numerosas ocasiones con pasos atrás.

Así, mientras el único castigo a Blasco tras su imputación fue la retirada de la portavocía del grupo popular en Les Corts. No obstante, meses después y con las aguas ya más calmadas, el PP asignaba al entonces imputado un puesto de portavoz en la comisión de Territorio con la cual recibiría un plus adicional mensual a su nómina de 584 euros, tal y como informó el diario Levante-EMV.

El caso más llamativo en este sentido fue el de Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional, que en menos de medio año pasó de ser destituida de su cargo tras ser imputada en una rama del caso Gürtel, a reincorporarse cuando su imputación se sobreseyó; para finalmente ser de nuevo destituida cuando se le imputó por segunda vez en otra de las ramas del caso.

A excepción de Ibars, sólo un conservador habría perdido su cargo a resultas de una imputación, aunque no fue un cargo menor. El conseller José Manuel Vela presentó su dimisión  justo antes de que se anunciase su imputación por una posible filtración de documentos. Finalmente, la causa fue sobreseída, aunque tampoco cabría suponer a Vela como una víctima de la firmeza de Fabra, pues no fue destituido. Cabe señalar que él, como Ibars, no tenía acta de diputado.

¿Cabe pues hablar de una 'doctrina Fabra' o tan sólo de firmeza contra la corrupción? Quizás, para subrayar la carencia de las mismas, el portavoz del grupo Compromís en Les Corts, Enric Morera, preguntó a Fabra en la sesión de control no ya por un criterio fijo, sino por alguna 'medida de ejemplaridad'. Pero lo cierto es que, si ha cundido algún ejemplo en las filas conservadoras, parece ser el de la impunidad.

'¡Ya darán instrucciones a la Abogacía para que no pida condenas!', recriminó Compromís a Fabra  Así se explicaría también cómo el sustituto del propio Alberto Fabra al frente de la alcaldía de Castellón, Alfonso Bataller, se haya negado a renunciar siquiera temporalmente al bastón de mando -siguiendo el ejemplo de su homóloga de Alicante- tras ser imputado el pasado mes en el caso Gürtel . Y lo mismo se puede decir del alcalde de Chiva, el conservador José Manuel Haro, que no ha renunciado a la alcaldía ni a su escaño en la diputación de Valencia después de que se haya abierto juicio oral contra él por los presuntos delitos de prevaricación y falsificación en documento oficial.

Esta actitud contrasta, no obstante, con los pasos dados tanto por José Manuel Haro, como por Rafael Blasco, que a finales de la pasada semana ponían sus cargos orgánicos en el PP a disposición del partido, cuyos miembros -muchos de ellos, los mismos que no les reclaman sus puestos remunerados de representación pública- aceptaban el pasado martes sus renuncias.

'No me va a temblar el pulso', afirmaba el jueves Alberto Fabra sobre su determinación de expulsar a Blasco si las conclusiones de la Abogacía de la Generalitat solicitan una condena para el ex conseller. '¡Ya darán instrucciones a la Abogacía para que no pidan una condena!', respondía, desgañitándose desde su escaño, la diputada de Compromís, Mireia Mollà. Y todo, mientras Blasco aplaudía con media sonrisa las palabras de su president.