Marià de Delàs
Periodista

Maria Dolores de Cospedal dejó bastante claro este viernes el espíritu de la reforma educativa: 'Los docentes llevan a cabo la labor más importante que se puede realizar en una sociedad, que es enseñar a las generaciones venideras no sólo contenidos sino también a querer y defender a su país. Un modelo educativo vertebra a una nación y hace que los futuros españoles sepan lo que es su país y sepan que deben sentirse orgullosos y defender su país', dijo en la apertura de una reunión con todos los diputados y senadores de su partido.

Vale la pena reescribir la idea de la secretaria general del PP en negrita: un modelo educativo... para que los futuros españoles sepan que deben sentirse orgullosos y defender a su país. Es casi tan buena como aquella del ministro Wert cuando afirmó en el pleno del Congreso que el interés del gobierno en Catalunya es 'españolizar a los niños catalanes'.

Sólo en esa clave, la del orgullo patrio, se puede entender la decisión de 'garantizar el uso del castellano como lengua vehicular' de la enseñanza en Catalunya mediante subvenciones a centros privados, como medida 'excepcional y transitoria'. No tiene fundamento pedagógico alguno. Sólo se explica por motivos ideológicos, los del nacionalismo español excluyente.

Mariano Rajoy, José Ignacio Wert y los dirigentes del PP no esperan que la sociedad catalana asuma dócilmente y en la práctica la eliminación de la inmersión lingüística. Saben que, probablemente, la comunidad educativa en su conjunto desobedecerá y desautorizará de forma cotidiana las directrices de la Lomce.

El Gobierno del PP no busca con esta medida avances en la enseñanza ni mejoras en el nivel de conocimiento de los alumnos. Ni tan siquiera se propone aportar garantías o soluciones a hipotéticos problemas entre sectores de la ciudadanía. En el terreno linguístico, esos problemas no tienen consistencia en el ámbito catalán. La falta de entendimiento y el desencuentro son fenómenos que sólo se dan a escala estatal, gracias a quienes en vano, desde la Administración, se empeñan en el intento de homogeneizar, de suprimir la diversidad, por asimilación o por la fuerza.

En 1995, el president Jordi Pujol decía, a propósito de la normalización lingüística: 'Que me traigan a un niño de siete años, sólo a uno, que no sepa castellano'. Cuando afirmó eso ya hacía seis años que la inmersión se aplicaba en centenares de escuelas. Hoy es norma general en toda la enseñanza pública y se podría decir lo mismo. Todos los estudios indican que las personas escolarizadas en Catalunya conocen la lengua castellana igual o mejor que las que han estudiado en Madrid o en Granada.

Casi un cuarto de siglo de inmersión lingüística y no aparece problema alguno con el uso de las lenguas en las escuelas ni en el entendimiento entre hijos de  catalanoparlantes y castellanoparlantes. Gran parte de la población catalana padece problemas serios, que comparte con el resto de España y con muchísimos ciudadanos europeos: desempleo, trabajo precario, endeudamiento, desahucios, falta de recursos para la enseñanza, desatención a personas dependientes, pobreza extrema e insoportable en muchos casos... pero nada significativo que tenga su origen en la lengua vehicular de la enseñanza.

La discriminación de los castellanoparlantes en Catalunya sólo se encuentra en la mente del nacionalismo español excluyente, el que todavía impone actos de homenaje a la División Azul, el que se resiste a reconocer que en Aragón hay pueblos que hablan en catalán, el que también se empeña en castellanizar al máximo la enseñanza en Balears y València...

Si Rajoy, Wert, Cospedal, Sánchez Camacho... consiguieran que algunos sectores significativos de la ciudadanía de Catalunya que habla habitualmente en castellano o en catalán atribuyeran el origen de sus verdaderas dificultades económicas y sociales a la población que se expresa en la otra lengua, entonces, en esa sociedad habría aparecido un problema nuevo y bastante serio, pero hasta el día de hoy, los intentos en este sentido han resultado del todo inútiles.