La Comisión Legal de la vertiente madrileña del 15-M ha presentado este viernes en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Gran Vía cuarenta demandas contra las sanciones impuestas por la Delegación del Gobierno en Madrid a cuarenta ciudadanos mientras participaban en  manifestaciones convocadas por el 15-M.

Según ha explicado la Comisión Legal Sol en declaraciones, éstas demandas se suman a otras 19 ya presentadas, y no serán las últimas, ya que según estima el colectivo, más de 1.000 ciudadanos habrían sido sancionados por participar en protestas celebradas en los dos últimos años desde que surgió el movimiento, que este mes celebra su aniversario.

'El recurso a los tribunales contenciosos obedece a la sistemática denegación de las alegaciones presentadas por centenares de ciudadanos sancionados por Delegación del Gobierno en los últimos dos años', explica Legal Sol en un comunicado, para añadir que la Administración 'ha ignorado prácticamente todas y cada una de las explicaciones alegadas'.

Por ello, consideran que tienen 'la obligación' de interponer demandas contenciosas y advierten que lo seguirán haciendo 'hasta que se deje de reprimir administrativamente a la sociedad civil', al tiempo que señalan que 'algo de razón' tendrán cuando el Ministerio del Interior ha estimado algunas de las alegaciones presentadas anteriormente por los sancionados.

Asimismo, los abogados de Sol consideran que la Delegación del Gobierno de Madrid está utilizando su potestad sancionadora 'como una herramienta limitativa de derechos fundamentales' y además sin 'las mínimas garantías de defensa de la ciudadanía frente a los poderes públicos'.

'La práctica de sanciones indiscriminadas contra la ciudadanía que se moviliza obedece a una política de represión de baja intensidad orientada a desincentivar la protesta social. Es por ello que, de cara a las movilizaciones que van a tener lugar en este mes de mayo, volvemos a exigir a la Delegada de Gobierno y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que respeten el ejercicio del derecho de reunión', manifiestan en el comunicado.

Así, recuerdan que 'una manifestación no comunicada no es una manifestación ilegal' y que 'el derecho de reunión es un derecho constitucionalmente reconocido para todas las personas que solo puede ser restringido en los casos que establece el artículo 5 de la Ley Orgánica del Derecho de Reunión'.

En este sentido, reclaman que 'es obligación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 'proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades'', algo que, a su juicio, no se ha cumplido en los dos últimos años sino, por el contrario, 'han sancionado a centenares de personas sabiendo que no existe base legal alguna para ello, obedeciendo así órdenes injustas'.

'Han creado con ello un mecanismo de intimidación y recaudación pública contra quienes ejercen con legitimidad su libertad de expresión, reunión, información y circulación. En esta situación creemos que se debe desobedecer', apuntan, para recordar a continuación la campaña puesta en marcha por el 15-M de dejar el DNI 'en casa'.

Por último, aseguran que 'la criminalización de la protesta, las cargas indiscriminadas y las sanciones sistemáticas, aleatorias e injustificadas no han conseguido desmovilizar la protesta ciudadana' sino lo contrario.