Los estudios realizados en varios países europeos no demuestran que la gestión privada de los servicios sanitarios sea más eficiente que la pública, mientras que en España, tras dos décadas experimentando con distintas fórmulas, no existe ninguna evaluación independiente de sus resultados. 'El excesivo empeño' en apuntar que la privatización es la 'pieza clave' de la eficiencia sanitaria 'no sólo no está avalada por datos nacionales y experiencias internacionales', sino que 'desenfoca' la necesidad de analizar aspectos más importantes, según el Real Instituto Elcano, organismo privado dedicado a estudios internacionales y estratégicos.

El estudio Gestión pública y gestión privada de servicios sanitarios públicos: más allá del ruido y la furia, una comparación internacional, en el que se analiza la actual situación de la sanidad, ha sido elaborado por los profesores de la Universidad de Murcia Fernando Sánchez y José María Abellán, y de la de Castilla-La Mancha Juan Oliva. La cuestión de fondo, aseguran, reside en complementar los principios del sistema sanitario -universalidad, solidaridad y equidad- con normas de buen gobierno.

Estas normas, aseguran, son la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía, la participación de los agentes sanitarios en las decisiones, y la promoción y defensa de una cultura de integridad, buenas prácticas y ética profesional a todos los niveles, así como criterios explícitos de eficiencia y calidad en las decisiones que se adopten.

'Un gobierno sanitario que no avance en estos aspectos no podrá involucrar al resto de profesionales y sociedad civil en la compleja tarea de avanzar en la solvencia del sistema sanitario', advierten.

Los autores consideran que políticas no justificadas y mal comunicadas dan lugar al desapego de los profesionales y a la desafección del ciudadano hacia el sistema sanitario público y hacia sus representantes. Por encima de todo, inciden los profesores, deben primar decisiones 'inteligentes', informadas previamente por el conocimiento científico y técnico disponible, y que cuenten con la participación de los profesionales y los ciudadanos.

La escasa información disponible en España y las experiencias de otros países apuntan que para garantizar la solvencia del sistema sanitario, es necesario abordar reformas de 'mucho mayor calado' que el mero debate entre público o privado. Factores como el entorno administrativo e institucional, la cultura de los centros, las condiciones de los contratos y la adecuada supervisión por parte del financiador de la calidad del servicio, son algunos elementos que también deben tenerse en cuenta.

En cualquier caso, en su investigación explican que, a la hora de planificar el esfuerzo primero, y evaluarlo después, éste debe dirigirse a gestionar áreas y no exclusivamente centros. Esta línea de trabajo ayudaría a calcular el coste integral de la atención a una población, reforzaría los incentivos para mejorar la coordinación asistencial e incluso potenciaría programas de promoción y educación de la salud de la población.

Respecto a la financiación, consideran que debería ajustarse al riesgo de la población a la que va destinada, es decir, que debe tener en cuenta el perfil poblacional (edad, sexo, cronicidad y otros elementos como la densidad de la población, la renta per cápita o el nivel de pobreza). Además, para que la financiación sea correcta es necesario saber si los centros llevan a cabo trabajos de investigación y si son docentes, así como controlar las derivaciones de pacientes a otras áreas y las compensaciones presupuestarias correspondientes. Ello, subrayan debe realizarse bajo la premisa general de que la financiación 'no debe estar sometida a la actividad realizada, sino a los resultados en salud obtenidos'. Es decir, que los presupuestos deben orientarse a pagar por aquello que deseamos obtener.

'Y no queremos tener más pacientes crónicos hospitalizados por descompensaciones o más reingresos por complicaciones tras una intervención quirúrgica, sino tener una población más sana', señalan los profesores en su análisis. Por tanto, los recursos se deben orientar a resolver los problemas de salud y ello obliga a incluir indicadores de salud poblacional y de la calidad asistencial prestada que permitan recompensar a las organizaciones que mejores resultados obtengan.

Lógicamente, todo esto exige un diseño inteligente de la financiación basada en la información que genera el sistema y que el mismo sea mucho más transparente y conocido por parte de la ciudadanía y los profesionales sanitarios. También supone que los responsables que gestionan los centros y las áreas rindan cuentas a quien financia sus actividades (servicios y consejerías de salud) y, por supuesto, que los responsables de mayor nivel fijen criterios claros de actuación basados en indicadores de calidad y eficiencia y rindan cuentas a la ciudadanía de su labor.