Izquierda Unida hizo esta mañana ante la Defensora del Pueblo en Madrid una petición para que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el euro por receta que se aplica en la Comunidad desde el pasado día 2 de enero.

La solicitud (consultar en PDF), entregada en mano por el diputado por Asturias, Gaspar Llamazares, incide en el informe que emitió la Abogacía del Estado en mayo contra la aplicación de la misma medida en Catalunya.

La demanda parte del Dictamen del Consejo de Estado sobre la modificación de la ley en Catalunya, que pone de manifiesto cómo vulnera la competencia estatal sobre el 'acceso a las prestaciones farmacéuticas en condiciones de igualdad, y la fijación de precios de los medicamentos'.

IU denuncia en su escrito que la decisión de los gobiernos de ambas autonomías, 'no sólo vulnera lo dispuesto en el artículo 149.1.6ª de la Constitución, sino que también entra en conflicto con las previsiones de los artículos 139 y 149.1.1, a cuyo tenor corresponde al Estado la competencia exclusiva para 'la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles ene l ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales''.

Llamazares expresó ayer que la voluntad de IU es que la institución 'recurra y pida' al Tribunal Constitucional la 'paralización inmediata' del euro por receta,  al tiempo que  llamó a la insumisión a los ciudadanos.

Esta mañana defendió que la medida adoptada por el Gobierno de Ignacio González 'no es un procedimiento disuasorio sino, muy al contrario, es recaudatorio, expropiatorio y es una discriminación inaceptable entre los ciudadanos españoles y, respecto a los más enfermos ya que serán estos los que más paguen'.

Llamazares, que calificó de 'tripago' al impuesto, insistió en que el motivo de la petición se debe a que 'pensamos que debe paralizarse cuanto antes porque es una decisión prevaricadora por parte del Gobierno de Madrid y de Catalunya a sabiendas de que esta competencia no es propia, que es una competencia del Estado y a sabiendas de que vulnera la igualdad de los españoles en derechos tan fundamentales como es el derecho a la salud'.

El equipo de Gobierno de González ha esquivado todas las críticas, incluidas las del Gobierno Central que, por su parte, está planetando presentar su propio recurso de inconstitucionalidad este mismo mes.

Al tiempo, han surgido iniciativas ciudadanas como la del 15-M llamando a la insumisión e incluso han redactado una guía para madrileños y catalanes que no quieran pagar. El Colegio de Farmacéuticos alertó esta semana de que el abstenerse de pagar el euro puede conllevar incluso el embargo de bienes.