Hanna Hrytsyuk pasó toda la tarde del domingo arreglando el abrigo de piel sintética que le habían regalado en Cáritas días antes parecer 'una señora pudiente', según sus palabras. Lola Fernández ensayó para fingir ser una abogada experta en ejecuciones hipotecarias. Nadia, actriz de profesión, para simular un ataque de tos. Esteban Capa rescató del armario el chaleco de trabajo que utilizaba cuando todavía tenía empleo en la construcción. No son intérpretes de profesión, sino afectados por el drama de las hipotecas y activistas implicados en la lucha por el derecho a la vivienda. Y esta performance es parte de la estrategia que llevaron a cabo este lunes para colarse en la simbólica torre Kio de la plaza de Castilla de Madrid, donde Bankia –entidad nacionalizada y que ya ha recibido 4.500 millones de euros de dinero público– tiene parte de sus oficinas, para forzar a la entidad a resolver los expedientes de los afectados que llevan 50 días acampados y durmiendo al raso frente a la sede central del banco, en la madrileña plaza de Celenque. Y también para reclamar la dación en pago retroactiva, una moratoria de desahucios inmediata y alquiler social para los afectados.

Junto a una treintena de personas, todas con roles previamente establecidos, lograron burlar los controles de seguridad y acceder al hall de la torre, donde permanecieron durante más de tres horas hasta que fueron sacados en volandas por la Policía. Así, mientras Hanna, junto a otros afectados, fingía acercarse a un cajero para sacar dinero, Lola pedía en el mostrador una cita con la asesoría jurídica, Nadia simulaba una reacción asmática y Esteban aseguraba a un trabajador de seguridad privada que la entidad había reclamado sus servicios para hacer un trabajo de mantenimiento. Minutos después, y ante la perpleja mirada de los agentes de seguridad del edificio, sacaron una pancarta en la que podía leerse 'La banca viola los derechos humanos. Derecho a vivienda ¡Ya!' entre gritos de '¡Sí se puede!' o '¡Sin soluciones, no nos vamos!'. Ya estaban dentro. Habían logrado lo más difícil, colarse en la entidad sin llamar demasiado la atención.

La idea era permanecer allí hasta que algún responsable de la entidad accediera a reunirse con ellos y a dar una solución a, al menos, 22 de la cincuentena de familias que llevan 50 días durmiendo al raso para pedir la dación en pago de sus viviendas o un alquiler social. Ningún representante de la entidad se acercó a hablar con los afectados. Fuentes de la entidad han asegurado a Público que Bankia está negociando 'caso a caso' para 'evitar todos los desahucios' independientemente de que los afectados participen o no en cualquier tipo de plataforma. Asimismo, aseguran estar cumpliendo con la última normativa en esta materia aprobada por el Gobierno. 

Sí acudieron a la simbólica torre efectivos de la Policía, según aseguraron, a requerimiento de Bankia y que prodecieron a identificar a todos los concentrados a los que, según trasladaron, en el atestado policial se les acusará de allanamiento de un domicilio jurídico, un delito que, según el Código Penal puede ser castigado con las penas de prisión de seis meses a un año y multa de seis a diez meses.

La elección de la fecha no era algo casual. Este lunes se celebra el día internacional de los derechos humanos y, según los afectados, las ejecuciones hipotecarias 'masivas' producen una violación 'sistemática' de 25 artículos de la Declaración Universal de la ONU que protege estos derechos. Entre ellos, los de libertad, igualdad o tutela judicial efectiva.

Tras más de tres horas de encierro, la Policía procedió a desalojar el edificio. No hubo cargas policiales y los concentrados, que resistieron sentados en el suelo y abrazados unos a otros, fueron sacados en volandas por los agentes, que, por lo general, no actuaron con virulencia.