Los indignados la llaman la 'represión invisible'. No abre informativos de televisión ni copa las portadas de los periódicos. Pero esta ahí. Y es el estímulo perfecto para la desmovilización. Según cifras facilitadas por la comisión de Legal del 15-M de la capital, desde el pasado julio, al menos 306 personas se han visto afectadas por la apertura de expedientes sancionadores por supuestamente haberse manifestado o concentrado sin la  autorización pertinente en actividades de protesta convocadas por el Movimiento 15-M o por no haber acatado las órdenes de la policía en el marco de estas movilizaciones. 

Estos procedimientos, la gran parte de ellos todavía no firmes, acabarán 'previsiblemente' en una sanción administrativa de 300 euros, aseguran los abogados del movimiento de los indignados. Y se suman a los 446 abiertos desde el 15 de mayo de 2011, cuando comenzaron las movilizaciones. La Delegación del Gobierno en Madrid, que lidera la conservadora Cristina Cifuentes, no ha respondido a las insistentes llamadas de Público para cotejar estos datos.

Con las cifras en la mano, una sencilla operación matemática ofrece una cifra de recaudación que, advierten desde el 15-M, no tiene por qué ser definitiva. A razón de al menos 300 euros por multa, el Ministerio del Interior, por medio de la Delegación del Gobierno, exige a 752 activistas hasta 225.600 euros en concepto de sanciones administrativas por haber cometido una falta leve al no haber acatado las órdenes de la Policía. La desobediencia, como infracción administrativa, está tipificada en la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. El artículo 26 (h) de esta norma califica como infracción leve el desobedecer los mandatos de la autoridad o sus agentes dictados en directa aplicación de lo dispuesto en la Ley 1/1992, siempre que no constituya infracción penal.

A los sancionados se les acusa de desobedecer los mandatos de la autoridad o sus agentes

Entre los comportamientos que pueden motivar este tipo de sanciones está 'negarse a abandonar un determinado lugar o espacio, habiendo sido requerido para ello' o 'resistirse a exhibir la documentación, habiendo sido ésta solicitada por un agente'. En estos procesos, es la Delegación del Gobierno la que inicia el proceso sancionador, aunque cabe un recurso de alzada ante el órgano superior, que es el Ministerio del Interior. 

Miguel (nombre ficticio), parado de 30 años, sabe muy bien lo que es sentir en primera persona la 'represión policial'. Es un activo participante del 15-M y ha sido multado en hasta 7 ocasiones. La primera en junio de 2011, en una reunión en una plaza del centro de Madrid días después de que los indignados decidieran levantar el campamento de la Puerta del Sol. La última, hace una semanas, en una de las asambleas prepatarorias de la convocatoria del pasado 25 de septiembre. Resignado, ha decidido no recurrir estas multas porque, asegura, 'no sirve para nada'. No obstante, su precaria situación económica le hace imposible hacer frente a los pagos. 'Cada sanción es una nueva complicación en mi vida, pero lo que no voy a hacer es dejar de luchar. Es su estrategia y la asumo como tal', señala. 

En la comisión de Legal del 15-M madrileño observan un cambio en la 'política represiva' desde la llegada a la Delegación del Gobierno de la conservadora Cristina Cifuentes. La representante del Ejecutivo de Mariano Rajoy en Madrid, desde su desembarco en esta institución, no ha escatimado en declaraciones incendiarias contra los participantes de las protestas convocadas por el 15-M o movimientos que giran en su órbita. Tampoco le ha temblado la mano a la hora de reprimir las protestas. 'Habrá actuación policial contundente contra quienes intenten convertir Madrid en Atenas', avisó el pasado julio. Y esa contundencia se hizo evidente en las cargas policiales del pasado 25-S, a cuyos promotores vinculó con grupos nazis. 

La Delegación del Gobierno inicia el proceso, aunque cabe un recurso de alzada ante Interior

'Desde el cambio de Gobierno venimos notando que hay menos detenciones y más identificaciones. Mientras que las detenciones no siempre dan una imagen positiva a nivel mediático, la identificación constante y las multas constituyen un tipo de represión que no sale en los medios y que es muy grave teniendo en cuenta el actual contexto socioeconómico', asegura Eric Sanz, abogado de la comisión de Legal. Asimismo, este letrado señala el 'factor miedo' que provoca este tipo de actuación policial. 'Consiguen que la gente se lo piense muy mucho a la hora de asistir a una manifestación', abunda. 

Cómo hacer frente a las multas es un asunto que preocupa mucho en el movimiento. Hasta el momento, algunas asambleas de barrio han elaborado cajas de resistencia, han puesto en marcha grupos de financiación o han hecho fiestas para recaudar dinero. Sin embargo, los indignados llevan meses trabajando en la elaboración de 'estrategias más sólidas' que replicarían en Madrid experiencias de respuesta colectiva que se llevan a cabo en otras ciudades, aunque normalmente aplicadas a las multas por colarse en el transporte público. Un ejemplo de ello es el del colectivo barcelonés Memetro, que se organiza como una especie de mutua en la que sus participantes hacen frente de forma colectiva a las posibles sanciones por no pagar el billete del metro de la capital catalana.