Algunos de los promotores de la acción 'pacífica' de protesta convocada para el próximo martes 25 de septiembre en las inmediaciones del Congreso de los Diputados se enfrentan a penas de hasta un año de prisión. Al menos ocho de las personas que han participado en las asambleas de preparación de esta convocatoria, que han tenido lugar en el parque del Retiro de Madrid o que han difundido la acción, han recibido en las últimas horas citaciones judiciales en las que se les imputa un presunto delito contra altos organismos de la nación, tipificado en el artículo 494 del Código Penal. El pasado sábado, cuatro activistas que portaban una pancarta de la convocatoria también fueron detenidos mediante participaban en la manifestación de la Cumbre Social. 

Según este artículo, incurrirán en la 'pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento'.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Público, al menos uno de los imputados ha sido llamado a declarar el próximo 4 de octubre en la Audiencia Nacional. El Juzgado de Instrucción número 1 de ese tribunal, cuyo titular es Santiago Pedraz, dirige la investigación. Al ser citados como imputados, deberán comparecer asistidos por un abogado. Si no lo hacen, se les designará un letrado del turno de oficio. 

En una rueda de prensa que tuvo lugar ayer, varios participantes de la acción reafirmaron su apuesta por la desobediencia civil pacífica: 'No hay ninguna intención de 'ocupar el Congreso', sino de rodearlo y andar alrededor. Se ha consensuado que no se impedirá el tránsito de los diputados ni se interrumpirá el funcionamiento interno del Congreso', aseguraron. En un comunicado difundido este viernes por la coordinadora 25-S, convocante de la acción junto a la plataforma ¡En Pie!, sus integrantes insisten en que sólo llegarán hasta donde lo permita la barrera policial.

'Es evidente que intentan construir un escenario lo más crispado posible, que la Delegación del Gobierno pretende criminalizar nuestras reivindicaciones y el creciente apoyo a la movilización, pero cada intento de hacerlo suma miles de personas para rodear el Congreso el próximo 25 de septiembre', aseguran en este texto. 

Chema Ruiz, una de las caras más visibles de la lucha contra el drama de los desahucios en Madrid, es uno de los imputados. Él ha participado en las asambleas de preparación de esta protesta y también fue uno de los detenidos el pasado sábado cuando portaba una pancarta de la convocatoria. 'No nos pueden acusar de algo que todavía no se ha producido. Además, hemos reiterado nuestra voluntad de que el 25-S sea un acto pacífico', ha señalado a este diario. 'Este sistema no se puede calificar de democrático, atentan contra las libertades fundamentales', ha continuado Ruiz. 

Los participantes del 25-S, no obstante, aseguran que este 'acoso' no les va a frenar en sus reivindicaciones. Y han anunciado que este fin de semana seguirá habiendo asambleas abiertas a las 11 horas en el Parque del Retiro. Sí han informado del 'posible riesgo' que se deriva de la asistencia a estas convocatorias.