'Existe un gran riesgo de que las pérdidas privadas de Bankia se transformen (o sigan transformándose) en deuda pública'. El Movimiento 15MpaRato, que ejerce la acusación particular en la investigación de la Audiencia Nacional contra Rodrigo Rato y otros 32 ex consejeros del banco por apropiación indebida y otros delitos, discrepa de la decisión del juez Fernando Andreu de no intervenir judicialmente la entidad, una medida que creen que evitaría una recapitalización que compromete la salud financiera del país y se ha traducido en los recortes del Gobierno.

Según explicó a Público un miembro del equipo jurídico del Movimiento, 'la razón principal por la que pedíamos la intervención era para evitar que la incomprensible urgencia por recapitalizar Bankia siguiese comprometiendo la salud financiera del país que, a la postre, se traduce en los recortes de derechos y servicios públicos que el gobierno está llevando a cabo. Para nuestra desgracia, el juez no ha estimado como prueba el Memorandum aprobado en el seno de la UE y que fija la hoja de ruta a seguir para las entidades que están accediendo a los fondos de rescate bancario'.

 La misma fuente, que indicó que decidirán en los próximos días si recurren la decisión del juez, consideró 'una sorpresa saber que dicho Memorandum no se consideraba un documento oficial en España, habiéndose votado, incluso, en varios parlamentos de países comunitarios. A pesar de que el juez aceptó en un primer momento que lo presentásemos como prueba en la segunda vista (sobre la intervención), finalmente no ha considerado esta prueba como suficiente para concluir que existe un riesgo real de progresivo deterioro de la economía nacional y, por lo tanto, no ha visto necesaria la intervención'.

 Para ellos, el Memorándum es una prueba irrefutable de que el fondo de rescate bancario no es más que una nueva treta de las élites financieras y políticas para transferir dinero público a los acreedores bancarios, principalmente extranjeros, y no un instrumento que garantice la devolución de sus ahorros a los depositantes, accionistas o preferentistas afectados por los posibles delitos cometidos en la gestación y salida a bolsa de Bankia. 'Asímismo --concluyen--, nos extraña que el FROB sea designado garante de las buenas prácticas en Bankia, incluso dudamos de su calificación como organismo público, ya que depende económicamente de fondos comunitarios para poder mantener la gestión de la entidad. Quizás a nivel formal pueda aparentar lo contrario pero, de facto, no deja de ser una institución al servicio de intereses bien diferentes de los que defendemos'.