El fantasma del aumento de las ejecuciones hipotecarias y la presión del movimiento social ha llevado a la Generalitat a lanzar un proceso de mediación con bancos y cajas para frenar la oleada de desahu-cios en Catalunya. El Govern aprobó ayer los criterios que regirán los convenios con entidades financieras para evitar al máximo los desahucios, especialmente en caso de riesgo de exclusión. La iniciativa llega cuando arrecia el impacto del fenómeno en el debate público previo al 20-N.

Con una morosidad sin precedentes desde 1995 (más del 7%) y un inquietante aumento (21,2%) de los desahucios tramitados por los juzgados en todo el Estado en el segundo trimestre del año, la fuerte incidencia del fenómeno en Catalunya ha movilizado al Ejecutivo de CiU. Según estimaciones de UGT, cuatro de cada diez procesos de ejecución hipotecaria terminan en desahucio en Catalunya, superada solamente por Madrid y Valencia. Aunque el portavoz del Govern, Francesc Homs, relativizó el temor a un escenario de progresivo deterioro social en los próximos meses, a medida que expire el plazo de los subsidios por desempleo y crezcan los impagos de las familias, pero aceptó la urgencia del problema. 'Este tipo de iniciativas responden a la realidad cruda que vivimos en estos momentos', afirmó a preguntas de Público.

La iniciativa prevé medidas como el aplazamiento de plazos o la dación

'Hay sensibilidad en el sistema financiero para hallar salidas al problema', aseguró Homs. El modelo de convenio aprobado por el Govern establece un protocolo de mediación previo al inicio de expedientes judiciales de ejecución hipotecaria, con el fin de evitar que el impago por dificultades económicas de los deudores derive en desahucio.

El sistema establece como criterios mínimos para la mediación el aplazamiento de los plazos del préstamo hipotecario y los periodos de carencia, la dación en pago o el uso de la vivienda con opción de compra. También incluye evitar que los intereses de demora de los créditos y préstamos sean superiores a 2,5 veces el interés legal del dinero. Se trata de evitar 'el grueso' de los posibles desahucios en ciernes, cuyo volumen el portavoz afirmó desconocer.

'Hay sensibilidad en el sistema financiero', afirma el portavoz Homs

La iniciativa del Gobierno de la Generalitat, que confía en que pueda materializarse a partir de enero, se produce en una fase cruda del problema de los desahucios. Además de la participación de la activa Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), que ha logrado paralizar hasta 83 desahucios, el colectivo de los indignados se ha sumado con fuerza al movimiento con la ocupación de un bloque de pisos en el popular distrito barcelonés de Nou Barris. Diez familias desahuciadas permanecen alojadas allí a la espera de acontecimientos.

El problema es cotidiano, sobre todo en Barcelona. En Lleida, una veintena de personas se movilizó también ayer para impedir el desahucio de un matrimonio con tres hijos. Finalmente, los agentes judiciales no se personaron y los Mossos no practicaron el desalojo.

Homs admite que 'no se puede garantizar al cien por cien' que la mediación de la Generalitat impida nuevos desahucios, entre otras cosas porque puede haber hipotecas suscritas con entidades sin implantación en el territorio con las que no se firmen convenios. Sin embargo, se mostró confiado en 'reducir de manera muy sustancial' el volumen de desalojos en el futuro, al 'obligar un poco más al sistema financiero' a encontrar alternativas.