La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer por unanimidad suspender cautelarmente al juez Baltasar Garzón. Es la segunda vez que adopta esta medida para el magistrado de la Audiencia Nacional, pese a que desde que se marchó a La Haya como asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no ejerce labor jurisdiccional alguna.

La decisión, que será ratificada por el pleno del órgano de gobierno de los jueces del próximo día 28, ha sido adoptada tras estudiar el informe del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, y las alegaciones presentadas por el propio Garzón, que esgrimió que ya no ejerce la jurisdicción, por lo que era innecesario suspenderle de nuevo.

Tampoco es que hubiera mucho que alegar. Como informó el fiscal, en los sumarios se procede a la suspensión cautelar de un juez cuando es procesado, mientras que en los procedimientos abreviados los tres abiertos contra Garzón se adopta esta medida cuando se abre juicio oral. En el caso de las escuchas de la Gürtel, el instructor, el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, dictó el auto el pasado día 11.

La resolución fue notificada ese mismo día al CGPJ. En su reunión del día siguiente, la Permanente inició los trámites para suspender al magistrado, al pedir informe al fiscal. En la de ayer, procedió a suspenderle al amparo de lo establecido en el artículo 384 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como consecuencia del auto de apertura de juicio oral, precisa.

La Comisión Permanente estuvo formada para tratar este asunto por los vocales Félix Azón, Antonio Dorado, Manuel Almenar y Almudena Lastra. El primero participó en la reunión en sustitución de Margarita Robles, quien decidió abstenerse de los asuntos que afectaran a Garzón, después de que este la recusara junto al vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, y la vocal Gemma Gallego en un intento desesperado por evitar la primera suspensión, tras abrírsele juicio oral por haber intentado investigar los crímenes del franquismo.

Ante la iniciativa del juez, Robles y De Rosa optaron por apartarse voluntariamente en todos los asuntos que afecten al magistrado. De hecho, ayer, De Rosa, que sustituía en la Permanente al presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, no votó cuando se abordó la suspensión del juez de la Audiencia Nacional.

Ninguno de ellos votará en el próximo pleno la ratificación del acuerdo. Tampoco participa en los asuntos que afectan a Garzón el vocal José Manuel Gómez Benítez, quien fue abogado del magistrado antes de entrar a formar parte del Consejo.

Pese a que podría pensarse que como Garzón ya fue suspendido cautelarmente el pasado 14 de mayo no sería necesario volver a dictar esta medida, fuentes del Consejo explican que es preceptivo. ¿Por qué? Porque si en el primer procedimiento por el que fue suspendido, el de los crímenes del franquismo, es absuelto o, hipotéticamente, la causa acabara siendo archivada, Garzón podría volver a su juzgado.

De ahí que la práctica habitual del CGPJ sea reiterar la medida cautelar en cada causa en la que se abre juicio oral a un magistrado.

De esta forma, explicaba el teniente fiscal en su informe, se consigue evitar que el magistrado acusado de un delito siga ejerciendo las funciones propias de su cargo. Lo contrario podría producir daños al normal funcionamiento de la Administración de Justicia o haría que 'se ponga en peligro la confianza que los ciudadanos deben tener en la Justicia como valor esencial del Estado'.

La Fiscalía ni siquiera mencionaba que Garzón ya no ejerce la jurisdicción y que el propio Ministerio Público entiende que no ha cometido ningún delito en las tres causas que tiene abiertas en el Tribunal Supremo. De hecho, ha pedido el sobreseimiento de todas ellas y ha informado a favor de la absolución en las dos pendientes de juicio.