El magistrado instructor de las escuchas de la Gürtel, Alberto Jorge Barreiro, se ha dado prisa para abrir juicio oral contra el juez Baltasar Garzón. Lo ha hecho sin esperar a que la Sala de lo Penal refrende sus resoluciones. De hecho, con el último recurso de apelación presentado este lunes por la defensa, son tres las resoluciones que el Tribunal Supremo (TS) tiene pendientes de revisar.

El auto de apertura de juicio oral no se puede recurrir y el magistrado instructor no tiene por qué esperar para dictarlo a que la Sala resuelva los recursos presentados contra sus decisiones anteriores. Pero en un procedimiento sin presos y sin ningún motivo que justifique esa urgencia, fuentes jurídicas señalan que lo lógico habría sido esperar a que se resuelvan las impugnaciones o al menos alguna de ellas. Sobre todo, porque son fundamentales para la defensa.

Garzón aún no ha escuchado los pinchazos de los que se le acusa

Eso sí, el juez Jorge, considerado un magistrado garantista, ha ido haciendo los deberes y ha resuelto todos los recursos de reforma con los que Garzón trataba de poder oír en su integridad las grabaciones o que declararan varios testigos en el procedimiento.

El instructor de la otra causa en la que se ha abierto juicio oral a Garzón, el magistrado Luciano Varela, dictó siete resoluciones en un solo día para abrirle juicio oral por incoar la primera causa penal por los crímenes franquistas.

Esa apertura de juicio oral, como ocurrirá esta vez, condujo a la suspensión cautelar del magistrado de la Audiencia Nacional. Ayer, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial pidió al fiscal que se pronuncie sobre la aplicación de esta medida.

Los recursos pendientes son fundamentales para la defensa del juez

Sea en el sentido que sea el informe, está previsto que la Permanente, que se reúne semanalmente, suspenda al magistrado en su próxima sesión. Esta suspensión se justifica, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, en que es una medida que se dicta en cada causa. Así, si el procedimiento de los crímenes del franquismo se archiva o acaba en absolución, el magistrado seguirá estando suspendido por las escuchas de la Gürtel.

La defensa de Garzón en este procedimiento, que ejerce el penalista Francisco Baena Bocanegra, ha recurrido en apelación el expurgo de las conversaciones de los imputados presos del caso Gürtel, cuya intervención ordenó Garzón mientras instruía la causa.

Garzón aún no ha escuchado las conversaciones de las que se le acusa

También ha impugnado la negativa del juez Alberto Jorge a practicar las diligencias que la defensa solicitó, como tomar declaración al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira actual instructor de la causa en la que se realizaron las escuchas y al querellante, el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, abogado del imputado José Luis Ulibarri.

Su último recurso, de 41 páginas, se dirige a impugnar el auto que dio por concluida la instrucción al transformar las diligencias abiertas en procedimiento abreviado, pese a seguir secretas las escuchas. La ley marca que esa medida debe levantarse al menos diez días antes de finalizarse la investigación. En este caso, el TSJM mantenía la medida sobre las conversaciones cuando el juez Jorge concluyó la instrucción.

El recurso sostiene que esa decisión fue una 'flagrante' e 'innegable' infracción de su derecho de defensa, por lo que pide que el auto sea anulado y que las actuaciones vuelvan al momento anterior al fin de la instrucción.

A juicio de la defensa, que el juez Jorge suspendiera la tramitación del recurso hasta que las partes pudieran disponer de las diligencias secretas 'carecía de toda garantía constitucional' y no reparaba 'el vicio de nulidad' del que adolecía la resolución cuestionada. El escrito insiste en que las acusaciones sí conocían las conversaciones, porque en ellas aparecen los presuntos cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo. Y el querellante es abogado de otro imputado.

Como la causa estriba en las conversaciones intervenidas en prisión, Garzón insistió en su última declaración como imputado en que necesitaba oírlas, para poder justificarlas en que pretendía evitar que la trama siguiera delinquiendo.

Al resolver los recursos pendientes, la Sala de lo Penal corre el riesgo de contaminarse de cara al juicio. Si la defensa entiende que ha sido así, recusará a los magistrados designados como hizo en la causa de los crímenes del franquismo.