Endurecimiento de las penas por corrupción, una Policía Fiscal en la Agencia Tributaria del Estado, un registro de poseedores de billetes de 500 euros, otro de recalificaciones del suelo y de obsequios e invitaciones a cargos públicos son algunas de las medidas que contiene el Plan Integral contra la Corrupción propuesto por Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV).

Dicho plan se encuentra en una proposición no de ley registrada en la Cámara Baja por los diputados de IU y de ICV, Gaspar Llamazares y Joan Herrera, a través del Grupo Parlamentario ERC-IU-ICV, para su debate en Pleno y en la Comisión Constitucional. El texto engloba un total de 41 medidas contra la corrupción.

En su escrito, tachan de 'impensable' que en un Estado de derecho como el español, integrado en la Unión Europea, surjan con 'demasiada frecuencia' casos de corrupción, delitos fiscales, blanqueo de capitales, prevaricación y otras figuras delictivas como el cohecho o la malversación de fondos.

A su juicio, el goteo de irregularidades y los escándalos de corrupción 'dañan la credibilidad de las instituciones y de la política', aunque la mayoría de los políticos españoles 'son honrados'.

La corrupción en España, añaden, es producto de un modelo productivo económico y financiero que ha 'alimentado la especulación y las prácticas delictivas', de una legislación 'débil e insuficiente', de las 'carencias' de una Ley Electoral 'injusta' y de una Ley de Financiación de Partidos 'meramente instrumental y opaca'.

Entre las medidas que propone está modificar la Ley de Financiación de Partidos, con el fin de prohibir determinadas donaciones a los partidos, como las anónimas; la Ley Electoral, para limitar 'drásticamente los gastos de las candidaturas presentadas; y la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos Públicos, para que éstos 'ejerzan sus funciones oficiales en régimen de dedicación exclusiva'.

También aboga por una Policía Fiscal en la Agencia Tributaria del Estado, crear un registro público de recalificaciones de suelo y por un código ético del cargo público de obligado cumplimiento.

Asimismo, proponen que 'todos los alcaldes y concejales tengan la obligación de depositar su declaración de bienes e intereses en un registro público', que la ley obligue a los diputados tránsfugas a devolver su escaño a la candidatura en cuya representación fueron elegidos y prohibir que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en paraísos fiscales.