PSOE y PP instaron este lunes a la Justicia a actuar contra Alfonso Sastre, promotor de Iniciativa Internacionalista y cabeza de lista de su candidatura a las elecciones europeas, a la vista del artículo publicado en Gara en el que auguraba 'tiempos de mucho dolor' si no se apuesta por el diálogo para acabar con el terrorismo.

La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, tras la reunión de la Ejecutiva de su partido emplazó a la Fiscalía del Estado a 'tomar nota' de lo escrito por Sastre y 'actuar en consecuencia en el futuro'. Recordó que 'el Gobierno hizo sus deberes desde el primer día', al instar la ilegalización de la candidatura para el 7-J promovida por Sastre, cuyas afirmaciones tachó de 'absolutamente rechazables'.

Desde el PP, Arantza Quiroga, presidenta del Parlamento vasco, llamó a 'tomar las medidas necesarias para que Iniciativa Internacionalista desaparezca de la vida política'. 'No puede ser que después de un asesinato tan tremendoel del policía Eduardo Puelles estemos con declaraciones como las de esta persona', dijo en RNE.

Quiroga consideró 'evidente' que lo escrito por Sastre viene a demostrar que la decisión del Constitucional de no anular la candidatura implica que les 'han metido un gol'. A su juicio, hay que 'ver en qué se ha podido fallar y aprender de los errores' para 'tapar esas pequeñas fisuras que tenga el Estado de Derecho'.

Sin embargo, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado tienen previsto emprender acciones contra Iniciativa Internacionalista. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se amparó en la 'cierta limitación' que impuso la sentencia del Tribunal Constitucional que permitió al partido de Sastre concurrir a los comicios europeos. Fuentes fiscales añadieron que no ha cambiado nada desde entonces.

La posible actuación de la Abogacía del Estado choca además con que Iniciativa Internacionalista no es un partido, sino una candidatura creada exclusivamente para una convocatoria electoral y desapareció cuando esta se celebró. Sastre no pertenece a ninguna de las formaciones que integraron la coalición.

Lo que sí hará la Fiscalía es estudiar en los próximos días la denuncia presentada por el colectivo de funcionarios Manos Limpias, a cuyo juicio Sastre ha incurrido en delitos de amenazas y de colaboración con ETA. Esta denuncia, según fuentes fiscales, plantea argumentos similares a los que ya fueron incluidos en la demanda de impugnación de la lista para las elecciones europeas, que fueron aceptados por el Tribunal Supremo, pero cuyo fallo revocó el Constitucional por entender que no estaba suficientemente acreditada la existencia de vínculos con ETA o Batasuna.

Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, del que forma parte a propuesta del PP, opinó que las afirmaciones de Sastre tienen suficiente entidad para ser investigadas por la Fiscalía. 'No se puede coaccionar a un Gobierno', destacó a Efe. 'Decir que van a pasar cosas graves, viniendo del entorno que viene... Hay que darle credibilidad. No se trata de una simple manifestación. Ha ido un poco más allá', dijo.

El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, destacó que una conducta 'aislada' no determina la disolución de una formación política, sino que dicha conducta ha de ser 'reiterada y grave'. Saavedra recordó que el sistema de militancia política en España es un modelo de democracia de procedimiento, lo que significa que un partido puede 'pensar y perseguir los fines que quiera', siempre que acepte 'las reglas de juego democrático'. También señaló que en España hay 'muy poca jurisprudencia' sobre el delito de apología, de modo que cuando llega a un tribunal es con frecuencia porque hay 'mucha presión'.

En contra de la aplicación de la Ley de Partidos se pronunció el presidente del PNV en Vizcaya, Andoni Ortuzar. Aunque censuró las palabras de Sastre, expresó su oposición a 'estar con la moviola permanente de la legalización o ilegalización de partidos'. Ortuzar pidió a Sastre que se dirija a los terroristas para decirles 'que esa no es la vía' y también instó al portavoz de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, a decir que 'este tipo de acciones los atentados no acercan a la paz ni a la libertad'.

Para el portavoz del PSE en el Parlamento vasco, José Antonio Pastor, resulta 'absolutamente inmoral' que Sastre no condenara el asesinato de Eduardo Puelles. 'Podrá ser un gran dramaturgo, pero está absolutamente inhabilitado como demócrata, como ciudadano y como persona', afirmó.

Carlos Iturgaiz, ex presidente del PP vasco, comentó que es 'terrible que el que es verdugo quiera ser víctima' y dijo en Onda Cero que 'en sus sucias palabras se advierte una miserable nostalgia histórica de las cámaras de gas nazi'.

A la condena de las palabras del promotor de Iniciativa Internacionalista se sumó la líder de UPyD, Rosa Díez, que tachó a Sastre de 'garrapata' y 'ser inmundo', según informa Europa press. Para Díez, su artículo es un 'vómito', ante el que se debe responder con 'memoria para que no se repitan errores del pasado'.

¿Es Iniciativa Internacionalista un partido o una coalición? Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos fue una coalición formada por Izquierda Castellana y el Partido de los Comuneros, con el único objetivo de concurrir a las pasadas elecciones europeas.

¿Se puede actuar contra ella? No tendría sentido, aunque hubiera obtenido algún escaño, lo que no ocurrió. Las coaliciones y las agrupaciones electorales sólo viven durante el proceso electoral al que concurren. Incluso si hubiera logrado alguna representación, el escaño pertenecería a la persona física elegida, no a la coalición por la que se presentó.

¿Qué ocurre con los partidos que la formaban? El único debate existente consiste en hasta qué punto se han contaminado los partidos que formaban Iniciativa Internacionalista. Es decir, si Izquierda Castellana y el Partido de los Comuneros son, a su vez, sucesores de Batasuna y, por tanto, se podría aplicar contra ellos la Ley de Partidos.

¿Cabe ilegalizar a los dos partidos? Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado deberían iniciar un proceso de ilegalización ante el Supremo como el seguido contra la propia Batasuna, que culminó con la sentencia de marzo de 2003, que está pendiente de ser ratificada o revocada por Estrasburgo. Lo mismo ocurrió el año pasado, al ser ilegalizados ANV y PCTV.

¿Sería posible con la sentencia del Constitucional? Desde la Fiscalía se ve clave la sentencia del Constitucional, que permitió a Iniciativa Internacionalista concurrir al 7-J, pero otras fuentes creen que no se repetiría ahora después del atentado del inspector Puelles. El TC se tendría que pronunciar sobre las nuevas pruebas reunidas contra los dos partidos castellanos.