El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dejado hoy en libertad sin ningún tipo de medida cautelar al ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega Alonso tras tomarle declaración como imputado en el llamado 'caso Gürtel', en el que se investiga una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP.

Así lo ha confirmado su abogado Luis Rodríguez Ramos, que ha precisado que las fiscales anticorrupción Miriam Segura y Concha Sabadell no han solicitado ningún tipo de medida cautelar para el ex alcalde, imputado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Ortega Alonso ha permanecido cerca de una hora en el despacho de Garzón, que anteriormente ha tomado declaración a los imputados Pablo Ignacio Gallo Alcántara y al empresario castellano-leonés del sector de la comunicación José Luis Ulibarri, que también han sido puestos en libertad.

José Luis Ulibarri es el principal empresario imputado por Garzón en la la trama que dirigía Francisco Correa y que operaba en feudos del PP. El Ayuntamiento de Ponferrada (Castilla y León), que gobierna el PP con mayoría absoluta, concedió en 2002 de forma irregular parcelas para construir 2.000 viviendas a Ulibarri.

Grazón también ha interrogado al ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, que ha traído consigo cuatro archivadores con amplia documentación, al que ha impuesto medidas cautelares tras negarse a declarar.

Después del ex regidor, comparecerán Carlos Ignacio Hernández Montiel y Juan Antonio, empleado del despacho R.Blanco-Guillamot, con lo que finalizarán la tanda de interrogatorios previstos para hoy.

Hasta el momento, Garzón ha tomado declaración a 24 de los 37 imputados en esta supuesta trama de corrupción, aunque el juez sólo ha enviado a tres de ellos a prisión: el presunto líder de la red de corrupción investigada, Francisco Correa; su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo, que hasta 1999 fue secretario de organización del PP gallego.

El Ayuntamiento de Getafe ha adjudicado de forma provisional a la empresa Seralia SA, vinculada José Luis Ulibarri, el servicio de ayuda a domicilio cuyo proceso quedó paralizado hace varias semanas tras solicitar un informe jurídico, según informó hoy en rueda de prensa la concejala de Servicios Sociales, Mónica Medina.

La edil manifestó que el proceso de adjudicación ha sido 'absolutamente limpio y transparente' y que ha contado con todos 'los informes preceptivos' aunque en su momento tuvieron dudas razonables a la hora de adjudicar a una empresa 'que estaba incluida dentro de un sumario investigado por un juez de la Audiencia Nacional'.

'Solicitamos unos informes y se nos planteó que existe una presunción de inocencia por lo que nosotros hemos hecho todos los trámites de forma transparente y de acuerdo a la legalidad', agregó.

Medina señaló que Seralia tiene contratos con las administraciones públicas en diversas comunidades autónomas y añadió que es una empresa de grandes dimensiones que también presta servicios de limpieza en un hospital de la Comunidad de Madrid.

'Ha demostrado legalmente y con datos que es solvente y que conoce el sector por lo que creemos que puede dar el servicio de acuerdo con todos los pliegos de condiciones que contemplaba el concurso', indicó.

Unas 500 familias de Getafe, principalmente personas mayores y también menores acompañados y enfermos mentales, reciben diariamente el servicio de ayuda a domicilio.