En octubre de 1936, Amparo Barayón, esposa del escritor Ramon J. Sender, pasa sus últimas horas en la cárcel de Zamora antes de ser fusilada en las tapias del cementerio de la ciudad. En su carta de despedida, Amparo se dirige a su marido: “No perdones a mis asesinos, que me han robado a Andreína”. Así lo relata el historiador Santos Juliá en su libro Víctimas de la Guerra Civil (Temas de Hoy, 1999).

Andrea era la hija menor de la pareja. Tenía siete meses cuando fue arrebatada de los brazos de su madre. Ramón J. Sender pudo recuperarla dos años después. Tuvo la suerte que no acompañó a muchas presas de la posguerra, que fueron doblemente derrotadas. Perdieron la guerra y con el nuevo régimen impuesto, también a sus hijos. La represión femenina de la dictadura constituye un capítulo singular dentro del largo libro del franquismo. Cárceles como Ventas (Madrid), Saturrarán (Guipúzcoa), o Málaga son el escenario en el que se diluyó la identidad real de los niños perdidos del franquismo, cuya presencia ha rescatado el juez Baltasar Garzón en su último auto.

La dictadura franquista “dio cobertura”, según el magistrado, a un “andamiaje pseudo jurídico” que facilitó la “sustracción sistemática de niños”. En enero de 1940, el ministerio de Justicia crea la Prisión de Madres Lactantes, en el número 5 de la Carrera de San Isidro –actual Paseo de la Ermita del Santo–, en Madrid. Las reclusas permanecían junto a sus hijos hasta que estos cumplían tres años. Sin embargo, la falta de garantías era lo único garantizado en las cárceles franquistas. “Desaparecían sin saber cómo”, cita Garzón en su escrito, reproduciendo un testimonio de la época.

“Un día, cuando las madres salieron al patio con sus hijos, las monjas les dijeron que los niños tenían que quedarse dentro para un reconocimiento médico. Eran un centenar. Cuando las madres volvieron, los niños ya no estaban”. Esta denuncia aparece recogida en Los niños perdidos del franquismo, (Plaza y Janés, 2002), de los historiadores Ricard Vinyes, Montserrat Armengou y Ricard Belis. Lo recuerda así el vecino de una presa condenada a muerte. Su pena fue conmutada, pero perdió a su hijo. Otra reclusa encerrada en la misma prisión encontró a la suya poco después “en casa de unos militares, en Valencia”. Quien rememora estos hechos, no llegó a averiguar si pudo recuperar a su hija o no.

El nacional catolicismo franquista impuso la obligación de que los menores crecieran en un ambiente familiar “irreprochable” desde el punto de vista religioso, ético y nacional”, según la legislación de la época.

“Las cifras de niños y niñas, hijos de presas, tutelados por el Estado (…) ascendía a 12.042 en 1944, la mayoría de los cuales estaban en centros religiosos”, recoge Vinyes en Irredentas (Temas de Hoy, 2002). La cita consta también en el último auto de Garzón, en el que se explica la cooperación necesaria de la Iglesia franquista para engrosar la lista de los niños perdidos de la dictadura.

“Lo llevaron a bautizar y no me lo devolvieron”, cuenta una ex reclusa, Emilia Girón, en un testimonio recogido por Vinyes. Esta presa completa así sus recuerdos: “Si, por ejemplo, estás pariendo, viene un matrimonio que no tiene hijos y quiere reconocerlo, te lo quitan y lo llevan y nada más”.

Los niños perdidos fueron arrebatados a mujeres presas, robados en el momento del parto o capturados fuera de España entre los menores evacuados por el Gobierno republicano durante la Guerra Civil. La dictadura creó para tal fin la Delegación Extraordinaria de Repatriación de Menores, desaparecida en 1941 y sustituida por el Servicio Exterior de la Falange.

“Su retorno fue utilizado por la propaganda franquista”, escriben Vinyes, Armengou y Belis. En Los niños perdidos del franquismo, los tres historiadores recuerdan el caso de un adolescente repatriado desde Berlín en 1942. Su madre supo del retorno de su hijo “por un diario”, relatan. Sus padres lo reclamaron, pero fue en vano; su petición fue denegada “por no ofrecer ninguna garantía sobre su educación”.

Garzón asegura que en España “podría haberse desarrollado un sistema de desaparición de menores de hijos de madres republicanas (muertas, presas, ejecutadas o simplemente desaparecidas) a lo largo de varios años, entre 1937 y 1950 desarrollado bajo la cobertura de una aparente legalidad, al contrario de lo que después ocurriría en Argentina entre los años 1976 y 1983, pero, precisamente por ello, con unos efectos más perdurables en el tiempo y más difíciles de detectar y hacer que cesen”.

Hasta hoy. Los niños perdidos del franquismo son ahora abuelos. Su identidad robada tiene ya 70 años.