El poeta Blas de Otero (Bilbao 1916, Madrid 1979) imaginó las listas de los fusilados con 'nombres temblando en un papel' en su poema Me llamarán. Lo escribió en 1955 en su exilio en París y tituló al libro Pido la paz y la palabra. Medio siglo después, son los hijos y los nietos de los fusilados los que exigen voz. Lo hacen ya desde Madrid, en la Audiencia Nacional, ante el despacho del juez Baltasar Garzón. El magistrado recibió ayer un censo de víctimas con 143.353 nombres, apellidos, profesiones, lugar de nacimiento, muerte y causa de su desaparición (muerto con arma de fuego la mayoría).

La repercusión pública de las diligencias abiertas por el juez para investigar una posible causa penal de genocidio franquista, desde el 18 de julio de 1936 hasta décadas después de la guerra, ha dejado al descubierto el desamparo público que sufren las familias de los represaliados. Once asociaciones de allegados de estas víctimas acudieron ayer a la Audiencia Nacional con carpetas, fotos y listados inconexos. Algunos digitalizados y otros no. Miles de documentos encuadernados por voluntarios e historiadores aficionados. El resultado de casi una década de investigación que arroja un resultado estremecedor de cientos de miles de cuerpos bajo tierra.

'No nos sacamos estos nombres de la manga, nos lo hemos currado a base de grabadora y mesa camilla', recrimina Paqui Maqueda, secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas que presentó la primera denuncia a Garzón el pasado 14 de diciembre de 2006. Maqueda se refiere a la investigación elaborada en cada pueblo para arrancar los testimonios y documentos necesarios con los que poner nombre a aquellos que fueron arrancados a sus familias y borrados para siempre durante décadas.

Sin apenas apoyo institucional, los voluntarios han conseguido indagar en registros civiles y en libros de difuntos para completar parte del recuento de una de las etapas más oscuras de la historia de España y no sólo por su tenebrosidad, sino por las dificultades para su investigación. De esa manera han conseguido que de los 30.000 desaparecidos que se creía había hace ocho años ahora pasen de los 143.000.

Esos nombres se suman cada día al proceso de documentación abierto en la Audiencia Nacional. 'Son muchas las personas individuales que denuncian la desaparición forzosa de su padre o de su abuelo cada día', añadió Fernando Magán, abogado de la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica.

El archivo y la conexión de todas las pruebas entregadas podría completar el censo definitivo de las víctimas del franquismo. Ese listado es la prueba que busca Garzón para declararse competente para juzgar una causa contra aquellos que de manera orquestada hicieron desaparecer a sus adversarios políticos. Si el juez se decide -fuentes de la investigación aseguran que lo hará 'pronto'- dejaría en evidencia 'la falta de voluntad política' del Gobierno para cumplir con los artículos de la ley de la memoria histórica que exigen la elaboración de un mapa de fosas comunes y un censo de desaparecidos.

'Le pedimos al Gobierno que ponga firme al personal. La mayoría de las fosas están en los cementerios que, o son municipales o pertenecen a la Iglesia. Así que está claro a quién tienen que pedir las pruebas', denunció, Cecilio Gordillo, representante del sindicato CGT en la plataforma. 'De momento, no se ha recibido ninguna documentación de la requerida a la Iglesia', informó Magán.

Ni siquiera la petición de información por parte del juez está facilitando la colaboración de algunas instituciones clave como la Conferencia Episcopal y los Ayuntamientos. 'Muchos municipios se sienten desvinculados al no haber sido nombrados por el juez', denunció Gordillo. Sólo los gobiernos de Catalunya y Galicia han aportado documentación sin que se les haya sido requerida por el magistrado. 'Nosotros podríamos haber mirado a otro lado y haber esperado que se murieran los testigos y los familiares directos o simplemente habernos conformado con la Ley, pero no lo hicimos', reclama Maqueda.

La Ley, que no ha sido aplicada por el Gobierno a pesar de estar en vigor desde hace casi un año, fue rechazada por el 95% de las asociaciones de víctimas, recordaron ayer los voluntarios.