El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó al juez Francisco de Urquía a dos años de cárcel, 17 de inhabilitación para ejercer funciones judiciales y al pago de 110.300 euros de multa por un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) y otro de cohecho (soborno). En la sentencia, de 61 páginas, los magistrados consideraron probado que Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la operación Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, pagó al juez 73.800 euros para que éste se comprase una casa “a cambio de un trato favorable en asuntos judiciales”. El TSJA también condenó a Roca a un año de cárcel y al abono de una multa de precisamente 73.800 euros. El caso se abrió tras la detención de Roca por la operación Malaya.

El dinero, que el juez recibió en dos sobres (uno contenía 63.000 euros y el otro 10.000) el 17 de marzo de 2006, sirvió para pagar el favor que De Urquía hizo a Roca, al paralizar el día anterior la redifusión por Telemar, televisión local de Marbella, de un reportaje llamado Misión imposible, Operación JAR, que aludía a actividades ilícitas de Roca por el caso Saqueo I, en el que la Audiencia Nacional investiga el supuesto desvío de 26,7 millones de Marbella a empresas privadas entre 1991 y 1995.

De Urquía quería comprarse una casa en la lujosa urbanización Azalea Beach de Marbella y pidió dinero a Roca. Éste, después de que el juez suspendiera la emisión del programa en un auto “sin diligencia probatoria alguna” y sin preguntar a las partes, se hizo pasar por el abogado del juez. El 17 de marzo llamó a Sanitaria SL, empresa propietaria del inmueble, y se identificó como “Fernando, abogado de Paco”, siguiendo lo acordado con De Urquía. Roca acordó con los propietarios el precio de la casa: 360.000 euros, según la sentencia.

El pago se dividió en partes. Primero, se abonarían 180.000 euros, para lo que De Urquía solicitó un préstamo hipotecario a un amigo que trabajaba en una sucursal de la caja San Fernando en Granada. Luego, se entregarían tres pagarés de 60.000 euros cada uno. Y, finalmente, 10.800 euros por el aplazamiento del pago de la mitad de la casa. En las conversaciones telefónicas, Roca acordó además, que, al margen, De Urquía debía pagar 63.000 euros más. Éstos y los 10.800 euros, “justo lo necesario para la firma del contrato”, fueron entregados por Roca al juez entre las 14.30 horas y las 15.00 del mismo 17 de marzo de 2006. El propio Roca confeccionó los contratos de compraventa y ordenó a Salvador Gardoqui, “quien llevaba su contabilidad personal”, que anotara en sus hojas de contabilidad los abonos. Por la tarde, ese mismo día, De Urquía entregó los 73.800 euros a Sanitaria SL y firmó el contrato de compraventa.

Doce días después, el 29 de marzo, Roca fue detenido por el caso malaya. El juez solicitó entonces a su amigo de la Caja San Fernando que ampliara su crédito a 360.000 euros, lo que se llevó a efecto. Sanitaria le devolvió entonces los 10.800 euros por el aplazamiento. Estos hechos llevaron a la condena por cohecho.

Previamente al soborno, De Urquía había cometido un delito de prevaricación al maniobrar, saltándose las normas procesales a sabiendas, para que no se emitiera el programa Misión imposible. “Lo hizo para favorecer los intereses de Roca y obtener el dinero para la compra de la vivienda en la que estaba interesado”, escriben los jueces. En una conversación telefónica, De Urquía llegó a garantizarle a Roca: “El programa no lo van a emitir”.

El tercer acusado en el caso, Arnaud Fabrice, amigo de ambos y propietario de la discoteca Olivia Valere, quedó absuelto de cohecho. Los tres fueron absueltos también del delito de negociación prohibida a funcionario público.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) mantiene abierto un segundo proceso penal contra el magistrado Francisco Javier de Urquía, lo que le podría llevar físicamente a la cárcel. Al carecer de antecedentes penales y ser su condena por el soborno de Roca de sólo dos años, podría evitar la prisión. Una segunda condena sí lo metería entre rejas. En el caso Hidalgo se investigan las gestiones del juez que supuestamente favorecieron a personas imputadas en la causa contra el blanqueo de capitales que él mismo investigaba hasta que fue apartado. En ella se intervinieron 92 millones de euros y 553 viviendas en las zonas más cotizadas de la Costa del Sol. De Urquía está imputado de nuevo por los delitos de cohecho y prevaricación.

Se sospecha que de Urquía, ya apartado del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, recibió unos 60.000 euros de un empresario paquistaní, Azan Khan. Supuestamente, a cambio, el empresario obtuvo la libertad a las dos semanas de haber ingresado en prisión.

Sus juergas junto a Arnaud Fabrice eran conocidas en Marbella. Las noches en blanco se compaginaban mal con su puesto de juez. De Urquía es hijo de un reconocido magistrado, ya jubilado, Faustino de Urquía.