Las comunidades autónomas de Catalunya y Madrid se han convertido en dos de los focos del debate sobre la privatización de la sanidad pública en España. En 2022, ambas regiones lideraron el gasto sanitario público destinado a conciertos con entidades privadas, con un 22,6% y un 12,3% respectivamente, cifras que superan ampliamente la suma del porcentaje nacional del 6,4%. Así se infiere del sexto informe La Atención Especializada en las comunidades autónomas, presentado este viernes por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Desde la FADSP llevan años advirtiendo que la tendencia a privatizar servicios sanitarios está debilitando la sanidad pública. En este sentido, el portavoz de la Federación, Marciano Sánchez Bayle, ha subrayado en la presentación del estudio que existe un "alto grado de privatización" generalizada en la Atención Especializada (aquella que se presta en centros de especialidades y hospitales, como cardiología, traumatología o ginecología).

Este proceso, realizado principalmente a través de conciertos, concesiones administrativas y externalizaciones, está provocando, según Sánchez Bayle, un "desaprovechamiento sistemático de los recursos del sistema sanitario público".

Para ilustrar el impacto de esta privatización, Sánchez Bayle ha puesto como ejemplo el uso de la tecnología en el sector privado y público. Las resonancias magnéticas en centros privados operan desde las 10.00 horas de la mañana hasta las 22.00 horas todos los días del año, mientras que en los centros públicos solo hasta las 15.00 horas. Esta diferencia es una muestra, a su juicio, de que existe un "claro desequilibrio", muchas veces asociado a una falta flagrante de personal en la pública.

El informe destaca, además, un déficit preocupante en camas hospitalarias públicas, lo que contribuye a largas listas de espera y a una gran presión asistencial. Entre 2010 y 2023, el número de camas por mil habitantes en España habría disminuido de 3,42 a 3,24, muy por debajo del promedio de la Unión Europea de 5,21. Carencia que no solo afecta la cantidad, sino también su titularidad: en 2022, el 18,53% de las camas en funcionamiento eran privadas.

La Andalucía de Juanma Moreno sigue la estela de Ayuso

No obstante, la evolución de la injerencia de las empresas en la sanidad no ha sido igual en Catalunya que en Madrid. Si bien es cierto que en ambas comunidades destaca el elevado número de conciertos, Catalunya ha reducido considerablemente las concesiones, sobre todo desde la pandemia, habiendo disminuido un 2% en 2022. El Madrid de Isabel Díaz Ayuso, en cambio, mantiene su tendencia a la alza, con un aumento del 13% ese mismo año. 

Una senda que parece estar siguiendo el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla en Andalucía, donde el número de conciertos creció un 19% en 2022. Cifra que la convierte en la región que más privatizaciones emprendió en esa fecha, según la FADSP.

Preocupa el futuro que le deparará a la sanidad pública

La creciente privatización y el deterioro del sistema público han generado una ola de descontento entre la población que queda patente en la valoración ciudadana. Cada vez son más los territorios donde han surgido movilizaciones sociales por la causa.

Las protestas no solo reflejan la insatisfacción con el estado actual de la sanidad pública, sino también la preocupación por el futuro del sistema. La satisfacción general con el sistema sanitario ha disminuido notoriamente desde 2010, mientras que la utilización de la sanidad privada ha aumentado en 1,1 puntos. Ello indica una tendencia "preocupante" hacia la dependencia de servicios privados.

En respuesta a esta situación, el Ministerio de Sanidad ha sacado esta misma semana a consulta pública la ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que busca precisamente limitar la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entidades con ánimo de lucro. Esta medida representa un esfuerzo del gabinete de Mónica García por revertir la tendencia hacia la privatización y fortalecer la sanidad pública, garantizando que los recursos se utilicen de manera más eficiente y equitativa. Sin embargo, todavía se desconoce cómo se concretará la propuesta.