Zaragoza evita diez desahucios del banco malo pese al veto de Rajoy
El consistorio se ofrece a gestionar pisos de la Sareb
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ZARAGOZA .- La mediación ha llegado donde el Gobierno central no quiere que alcance la ley: el banco malo ha accedido, tras la mediación del Ayuntamiento de Zaragoza, a suspender los desahucios de las familias sin recursos que okupan un edificio de su propiedad en el barrio de Santa Isabel.
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El banco malo comunicó este martes al ayuntamiento que suspendía los primeros desalojos, cuya ejecución estaba señalada a partir del 23 de octubre. “Este era el primer paso para poder alcanzar una solución”, señaló el concejal de Vivienda, Pablo Híjar, de ZeC (Zaragoza en Común), que añadió que “ahora que las familias ya no tienen esa incertidumbre, se abre una ventana de oportunidad para llegar a un acuerdo como ha sucedido en otros inmuebles de esta ciudad, con esta entidad y con otras”.
El consistorio se ofrece a gestionar pisos de la Sareb
La Oficina Municipal de Vivienda y Stop Desahucios mediaron durante varios meses entre las familias y la empresa pública hasta que, finalmente, esta ha decidido desistir de los desahucios para buscar una solución negociada. La mediación fue solicitada por las cuatro unidades con niños o ancianos.
El concejal, que ofreció al banco malo la posibilidad de que el ayuntamiento asuma la El ayuntamiento de Zaragoza ofrece al ‘banco malo’ asumir mediante convenios la gestión de las viviendas que posee en la capital aragonesa.gestión de sus viviendas mediante convenios, indicó que los técnicos de la Oficina Municipal de Vivienda están abiertos a tantear distintas alternativas en el conflicto de Santa Isabel con un único apriorismo: “El único denominador común para esas soluciones es que debe haber alternativa habitacional para las familias”.
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Arrecia el problema de la vivienda en la comunidad
La suspensión del decreto de emergencia llega por iniciativa del Gobierno central antes de que haya pasado un mes desde que, paradójicamente, los grupos parlamentarios hayan avalado por unanimidad algunas de sus principales medidas durante su tramitación como ley en las Cortes. Entre otras, haber fijado en 14.910 euros anuales el umbral de ingresos a partir del cual una familia se considera vulnerable y no puede ser privada de su casa ni de los suministros básicos como agua, luz y gas.