La decisión de la Junta de Castilla y León de financiar un congreso sobre ética animal y género con parte de los fondos recibidos por esta comunidad para implementar las medidas del pacto de Estado contra la violencia de género, ha levantado críticas entre expertas y políticas y abre un debate sobre los límites de utilización de estos fondos.

Se trata del I Congreso Internacional Ética animal y género: nuevas propuestas ético-políticas y educativas organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid en colaboración con la Cátedra de Estudios de Género de dicha universidad, que tendrá lugar en la dicha facultad el próximo 9 y 10 de mayo.

El congreso se presenta como "un espacio de análisis de los nexos que existen entre la dominación de las mujeres y la dominación de los animales", y propone "nuevas soluciones éticas, políticas y educativas, que nos lleven a un cambio de paradigma en el que no tenga cabida la dominación de los individuos considerados inferiores". Entre los objetivos de los organizadores figura el de "tender puentes entre la teoría feminista y la ética animal, para lograr una comprensión adecuada de los orígenes y consecuencias de la explotación de las mujeres y los animales en las sociedades patriarcales".

En el cartel de la convocatoria figura el logotipo del pacto de Estado contra la violencia de género y parte de su financiación proviene de los fondos que la Junta de Castilla y León ha recibido de los Presupuestos Generales del Estado para financiar las más de 200 medidas contenidas en dicho pacto. Esta comunidad ha recibido en 2019 un presupuesto que supera ligeramente los 17,5 millones de euros.

Según varias expertas consultadas por este diario, el objetivo del congreso no encaja en la filosofía ni en las prioridades del documento acordado por las distintas fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados y del Senado a lo largo de 2016 y que fue finalmente aprobado por mayoría en la cámara baja en septiembre de 2017. Para ellas, el pacto tiene como objetivo poner en marcha medidas urgentes y efectivas que fueran a la raíz del problema para combatirla y minimizar sus efectos.

Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, entiende que "existiendo el nivel de necesidad que hay en relación a la atención a las víctimas y a la reparación del daño, sería bueno exigirle a las comunidades autónomas que los incrementos de fondos a cuenta del pacto de Estado fueran destinados a abordar, de una forma principal, el problema de la violencia de género y a establecer soluciones más directas con el tema". "El problema no es que la universidad organice un congreso de estas características", afirma, "sino que los fondos que destina la comunidad autónoma para financiarlo salgan de los presupuestos del pacto". "Se trata de unas jornadas de reflexión filosóficas, por eso la dificultad de establecer una relación directa entre esto y el pacto de Estado. Aquí quién ha metido la pata es la Junta por destinar fondos del acuerdo para este congreso", afirma.

Soleto considera correcto que las comunidades autónomas tomen decisiones sobre en qué se van a gastar los fondos que reciben por este concepto, "pero deberían tener recomendaciones para asegurar que el dinero se destine a un abordaje más directo de la violencia de género", añade.

Para Marta Sorlí, exdiputada de Compromís en la pasada legislatura y una de las ponentes del pacto de Estado "este congreso es interesante, pero no es perfil de lo que entendíamos como formación dentro del pacto de Estado, o al menos no como lo consideramos cuando incluimos una partida de formación".  Para esta política, "la filosofía con la que trabajamos tenía más que ver con la prevención, con incluir en los currículums formativos dese infantil el tema de violencia de género para ir más a la raíz del problema. Reflexionar desde un nivel filosófico, más profundo sobre la cosificación de la mujer relacionada con la dominación de los animales es interesante pero no va a contribuir a que podamos minimizar la violencia de género a medio o corto plazo, que es de lo que se trataba el pacto".

Según Sorlí, el problema fundamental no es el congreso en sí, sino que "hay poco dinero para todo lo que hay que hacer como para que se destinen fondos a desarrollar teorías ecofeministas, que son importantes, pero que deberían ser financiadas desde los entornos de trabajo de la igualdad. Los fondos para el pacto de Estado debería ir a las acciones que de verdad pueden atacar la raíz del problema de la violencia de género y utilizar fondos que ya existen para trabajar la igualdad a potenciar actividades como estas que son de reflexión y a largo plazo".

En el mismo sentido se pronuncia Ángeles Álvarez, exdiputada del PSOE en la pasada legislatura y una de las integrantes de la subcomisuón del Congreso que elaboró el documento. "La universidad no ha incurrido en ninguna anomalía. La Junta de Castilla y León sí. No es un problema de las jornadas de debate sobre esta o cualquier otra cuestión. Es un problema de la Junta que ha destinado fondos del pacto a una actividad que parece estar más relacionada con otras problemáticas que con acabar con la violencia de género".

En contraposición a estas posturas, Barbara Tardón, experta en género y violencia sexual, afirma no entender las críticas. Considera que "todo lo que esté destinado a prevenir la desigualdad, la discriminación y, por tanto la violencia, son medidas y acciones que justifican la utilización de esos fondos. Lo que sí es crítico es que haya comunidades o ayuntamientos que no estén gastando los fondos que reciben para implementar el pacto de Estado", afirma.

La Junta de Castilla y León no ha querido aclarar a este diario la cuantía de los fondos destinados y ha remitido a los organizadores del congreso en la UVa para cualquier información.

Desde la universidad defienden la idoneidad de esta financiación y la adecuación del congreso a los objetivos del Pacto. Según Angélica Velasco, coordinadora del evento y secretaria de la Cátedra de Igualdad de dicha universidad, el congreso "viene a cubrir necesidades de formación contenida en el pacto". "Los asistentes que trabajan directamente con víctimas de violencia de género entenderán los puntos de contacto y las repercusiones que hay entre la violencia contra los animales en el entorno de la violencia familiar y la violencia de género. Lo que se va a hacer es una reflexión sobre este tipo de cuestiones y hacer los planteamientos oportunos sobre las vinculaciones que existen entre la dominación de las mujeres y la dominación de los animales. 

Esta experta afirma que las propuestas que se derivarán de este evento "no serán sólo filosóficas, éticas o políticas, sino también propuestas educativas de género y de la violencia contra los animales".

Para algunas de las expertas consultadas, el congreso ahonda en el ecofeminismo, "una teoría política poco desarrollada y que es emergente, por lo que no es de esperar que de este debate surjan soluciones inmediatas", como esperaban las redactoras del pacto de Estado, afirma Sorlí.

Juana Gallego, directora del Máster de Género y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, ahonda en esta idea y afirma que "el espíritu del pacto de Estado contra la violencia de género recae en otros parámetros. Una reflexión filosófica, está bien, pero no entiendo que se ligue al pacto". Para esta experta, relacional género con animales es extraño. "El género está relacionado con las personas, con la construcción cultural, pero los animales no desarrollan un rol masculino y femenino. Es un nivel diferente". "Francamente los 200 millones en un año para comunidades autónomas, ayuntamientos y administración central no es mucho dinero y hay cosas más urgentes que financiar", concluye esta experta.

Fiscalizar los fondos del pacto

El pacto de Estado contra la violencia de género contiene más de 200 medidas a desarrollar a lo largo de cinco años y tiene un presupuesto total de 1.000 millones de euros que serán repartidos a razón de 200 millones por año. De éstos, 80 están destinados anualmente a la administración central (ministerios), otros 20 a repartir entre todos los ayuntamientos y los restantes 100 se reparten entre las distintas comunidades autónomas. 

Recientemente el Gobierno acordó las condiciones de reparto de los fondos destinados a las comunidades y entidades locales, pero no existe un documento que guíe el gasto de las distintas entidades locales, más allá que el propio pacto. Un documento que, tal como reconocen algunas de sus ponentes, es largo y complejo.

La fiscalización de fondos, tal como está reflejado en el propio documento, se realiza a posteriori. El punto 121 del documento especifica que comunidades y entes locales deberán rellenar "fichas específicas para realizar el seguimiento y evaluación de los créditos presupuestarios destinados a sufragar" las actuaciones. Estas fichas serán posteriormente entregadas a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y serán presentadas a la comisión de seguimos del pacto de anualmente.

Desde el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, afirman que "son las CCAA y, en su caso, las entidades locales, las responsables y competentes para gestionar los fondos". Explican que una vez finalizado el ejercicio presupuestario correspondiente "se realiza el control y seguimiento de cada programa o partida, y se comprueba a qué medida del pacto se imputan esos fondos. Cuando se presenta la justificación, se comprueba que todo es correcto y en caso contrario, los entes locales deberán devolver el dinero". 

Desde el Ministerio de Igualdad ha declinado comentar sobre el evento financiado por la Junta de Castilla y León, afirman que desconocen "la cantidad destinada" y que "no entran a valorar su contenido" que será analizado una en 2020, una vez finalizado el ejercicio, al igual que el resto de proyectos. En la actualidad se están comenzando a evaluar los fondos destinados en 2018.​