Cientos de vecinos del Villaverde Alto, en Madrid, se concentraron el pasado jueves en la plaza donde se reunía la Junta Municipal del distrito. Su objetivo era hacer visible a los representantes políticos el deterioro que lleva tiempo sufriendo este barrio, en concreto, el casco histórico de Villaverde Alto.

"Tenemos localizados más de diez narcopisos en la zona. No es solo el tráfico de droga, sino que se utilizan como puntos de consumo y eso deriva en afluencia de toxicómanos que deterioran la convivencia", asegura Javier Cuenca, presidente de la asociación de vecinos La Incolora y vicepresidente de Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). 

Cuenca, de 55 años y vecino de Villaverde Alto desde que nació, asegura que al vecino que "le toca" un narcopiso en su edificio "hay que tenerle mucha empatía". Los problemas a los que se enfrentan son de sobra conocidos: "Trasiego de yonkis en las escaleras, orines y excrementos en el edificio y los alrededores, vandalismo y mucha tensión para los vecinos", explica. "Todo eso da una sensación de inseguridad que preocupa, que hace que la gente piense en cambiarse de barrio o que no pueda salir de casa o pasar por determinadas calles en varios momentos del día", sostiene.

"Este momento estamos viendo imágenes que nos recuerdan mucho a épocas de los años 80, a la eclosión de la heroína en los barrios de Madrid. Se ve a ese toxicómano que pide dinero en cualquier sitio, en la puerta de los comercios y en las plazas, que duerme en las calles. Todo esto asusta y además hace que los medios estigmaticen al barrio", añade Cuenca.

La protesta de ayer fue una llamada de atención convocada por la Coordinadora de Asociaciones Vecinales del distrito, que hizo un llamamiento a los residentes bajo el lema "¡Villaverde en pie contra la droga y el abandono institucional!".

En su manifiesto dejan claro que algunos de estos pisos de tráfico y consumo de drogas son viviendas vacías propiedad de bancos, pero también de propietarios e inquilinos con contrato, lo que dificulta en gran medida la actuación policial para clausurarlos. Según la información que han recibido de la Policía en diferentes reuniones, esta situación hace que se tarden años en desmantelar los narcopisos, porque se requiere de una investigación y de autorizaciones judiciales para actuar.

"Es importante el trabajo policial, pero el fenómeno de los narcopisos y la drogodependencia tiene varias aristas. Hace falta más inversión social, más prevención, más centros juveniles que ofrezcan alternativas de ocio, más educadores de calle para evitar que más chavales tonteen con la droga", considera Cuenca.

Según los vecinos, la proliferación de narcopisos en la zona es el resultado del desalojo y desmantelamiento de otros puntos cercanos. Hacen referencia al polígono industrial Marconi, donde las operaciones policiales en naves abandonadas y contra las redes de prostitución han desplazado el problema a los barrios colindantes. "La gente que estaba durmiendo en esas naves ahora están en las calles de Villaverde, en los bancos, en las plazas. No se ofrecen alternativas para ellos", reflexiona Cuenca.

Según los datos ofrecidos a finales de agosto por el Ayuntamiento de Madrid, en Villaverde ya se ha actuado contra más de 60 de estas infraviviendas y de pequeñas construcciones, en 70 chamizos donde se consumía, en dos naves ocupadas donde se vendía y consumía droga y en unos 15 narcopisos. Las inmediaciones del polígono Marconi y San Cristóbal son el lugar donde se ha producido un mayor trabajo policial. Pero el problema solo se ha movido de sitio y ahora se ha  introducido en el corazón del barrio.

Por eso piden una "respuesta integral" por parte de todas las administraciones y medidas "más ambiciosas" por parte del Ayuntamiento para ayudar a los adictos a realizar tratamientos y ofrecerles alternativas residenciales e itinerarios de inserción social. El manifiesto señala y critica que "en el Plan Sures, el Ayuntamiento ha activado un proyecto de 800.000 euros contra la droga. Pero también sabemos que lo que va a costar remodelar la Puerta del Sol asciende a 10,7 millones de euros. Las cifras dejan claras las prioridades".

El alcalde, José Luis Martínez Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, aseguran que están "del lado" de los vecinos de Villaverde, y ponen en el foco, una vez más, en "la okupación". Almeida por su parte, ha puesto toda la responsabilidad en la Delegación del Gobierno en Madrid.

Cuenca asegura que las asociaciones vecinales ya se han reunido en varias ocasiones con la delegada del Gobierno, Mercedes González, y que desde el verano, la comisaría de Policía de Usera-Villaverde se ha reforzado con 68 agentes más. "Pero el trabajo policial no es la única solución", incide Cuenca, que recuerda a Almeida que en Villaverde es el PP el partido más votado en las elecciones municipales y que hace un "flaco favor" a sus votantes diciéndoles que se equivocan de puerta en la que protestar.