La ley que legaliza el acceso a los vientres de alquiler para las mujeres estériles en Portugal ha entrado en vigor este martes, después de que el decreto que regula su aplicación fuese publicado el lunes en el Diario de la República.

La norma permite el acceso a los vientres de alquiler a las mujeres con problemas de infertilidad, que hayan nacido sin útero o con alguna lesión que les impida quedarse embarazadas.

La pareja que quiera acceder a este procedimiento deberán acudir a un centro de reproducción asistida, público o privado, para que sea probada la infertilidad de la madre genética y la situación psicológica de la madre gestante, que no recibirá ningún pago a excepción de los gastos médicos.

La ley limita el contacto de la madre gestante con el bebé al "mínimo indispensable" tras su nacimiento, debido a los "potenciales riesgos psicológicos y afectivos que esa relación supone, sin perjuicio de las situaciones en las que la gestante de sustitución es un familiar próximo".

En todo caso privilegiará la relación con la madre genética y establece que los intereses del niño deben prevalecer por encima del resto.

La ley que regula el acceso a los vientres de alquiler en Portugal fue aprobada en 2016, pero era necesario un decreto reglamentario que especificase su regulación, que fue aprobado en consejo de ministros el pasado junio.

En su momento, la norma generó polémica porque fue vetada por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, al considerar que existían "vacíos legales" sobre la salvaguarda de los derechos del niño al nacer y de la mujer gestante.

El Parlamento aprobó una nueva versión para subsanar estos vacíos y la norma fue finalmente decretada por Rebelo de Sousa el 31 de julio de 2016.

En España, la polémica continúa, con voces que defienden la regulación de la gestación subrogada como parte de los derechos reproductivos y otras que rechazan supeditar la libertad de la mujer gestante a la voluntad de una pareja que desee tener hijos con sus mismos genes. 

En la actualidad, nuestro país no permite esta práctica, aunque sí admite inscribir a los nacidos a través de ella en el registro civil, siempre que se lleve a cabo en un país que permita esta técnica, uno de los progenitores sea español y tenga una orden judicial.

El debate sobre la legalización se mantiene abierto en España. Ciudadanos y otros grupos abogan por una ley que permita el procedimiento si se realiza de manera altruista, sin compensación económica. En contraposición, el PSOE se ha posicionado en contra de la práctica -tras un intenso debate interno- resolviendo que "supone una mercantilización de los cuerpos de las mujeres" y es contraria a su ideario. Por esta misma razón, Podemos tiende a rechazar esta práctica, pero aún  no ha fijado claramente su posición. El Partido Popular decidió en su Congreso nacional de febrero esperar a las recomendaciones de un comité de expertos antes de definir su postura al respecto.