El Gobierno ha irrumpido con fuerza en la crisis institucional del Poder Judicial. Las enmiendas suponen una reforma a las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional que permitirá con una mayoría simple, en lugar de los tres quintos actuales, que el Poder Judicial designe a sus dos magistrados del Tribunal Constitucional bajo amenaza de sanciones incluso penales si se persiste en el bloqueo. La reforma también afecta al propio Tribunal Constitucional.  Ya no serán ellos los que otorguen el visto bueno a los candidatos, sino las instituciones que los propongan.

También se termina con el sistema de renovación por tercios. Transcurridos tres meses del vencimiento del mandato, cada institución, Congreso, Senado, Poder Judicial y Gobierno, elegirá a los nuevos magistrados que le corresponda sin esperar a los demás. Medidas drásticas que cuentan con el malestar de un sector de la judicatura, el anuncio de recursos e incluso VOX y ciudadanos barajan la posibilidad de una moción de censura.

-Redacción-