La guerra del agua en los contornos de Doñana, que amenaza la supervivencia de una de las reservas naturales más importantes de Europa, tiene ahora un frente aristocrático en la localidad sevillana de Aznalcázar.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), a través de la Abogacía del Estado, ha solicitado al juzgado el cierre cautelar de unos pozos desde los que, presuntamente, se extrae sin autorización agua del subsuelo en una finca agrícola de los herederos de la Casa de Alba, la mayor propietaria de tierras de España.

Todo partió de la denuncia de un particular, de un vecino que dijo haber descubierto nueve pozos, ocultos bajo lonas de color verde para camuflarlos entre los cientos de naranjos plantados en una finca de unas 200 hectáreas de superficie para la extracción de una fruta selecta destinada al llamado mercado gourmet.

Ese particular presentó una denuncia ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el pasado 27 de abril por posible infracción de la legislación en materia de aguas. Y un mes después se puso en contacto con la organización Ecologistas en Acción, mediante un correo electrónico en el que se lamentaba de que la Administración aún no hubiera adoptado ninguna medida con los pozos.

"Al parecer, por ser quienes son están dejando pasar este grave delito, para que mientras tanto los abogados de la empresa empiecen a hacer de las suyas como siempre. Intentemos por todos los medios posibles que se haga justicia y no se vayan de rositas como pasa siempre", decía el denunciante.

Diez días después de recibir ese correo, el 5 de junio, Ecologistas en Acción presentó una denuncia ante la Comisaría de Aguas de la CHG por la existencia de presuntos pozos ilegales en la finca Aljóbar de Aznalcázar, en la que señala que "están menoscabando la sobreexplotada masa de agua subterránea, antiguo acuífero 27, produciendo graves descensos del nivel freático".

En la demanda se solicita que se estudie si los hechos son constitutivos de una infracción administrativa y que se proceda al sellado cautelar de los pozos, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 4/2022 sobre adopción de medidas urgentes a causa de la sequía.

El particular que presentó la primera denuncia ha hablado con Público, aunque ha pedido que no se le identifique. Según su relato, los pozos se fueron abriendo progresivamente a medida que los naranjos iban creciendo y se iba necesitando más agua para regar decenas de hectáreas.

Existe un detalle importante, aclara: para conseguir que la naranja tenga una mayor calidad y pueda ir al mercado gourmet, hay que abrir más el grifo, o sea, regar con más frecuencia y abundancia. "Es incalculable el agua que han podido sacar de ahí", dice.

Dos pozos autorizados y una gran balsa

En el mapa de concesiones de captaciones de agua de la CHG únicamente figuran dos pozos autorizados en la finca Aljóbar, con un volumen de 606.500 metros cúbicos por año para un terreno de 200 hectáreas, destinado al uso doméstico y al riego.

Uno de esos pozos, el que se utiliza para uso doméstico, ya está seco, según el autor de la primera denuncia. Los otros, dice, los que investiga ahora la Confederación, se fueron abriendo de noche, supuestamente, y luego tapando con lonas para que no pudieran ser captados por satélite u otros medios desde el cielo o desde el exterior de la propiedad.

En medio de la finca, junto a los dos únicos pozos autorizados por la CHG, hay una gran balsa de agua, fácilmente apreciable en un mapa por Internet. La balsa, según este particular, tiene el tamaño de un campo de fútbol y toma el agua de los pozos, agua que luego se traslada con varias bombas a diferentes puntos de la propiedad.

En 2013, el Ayuntamiento de Aznalcázar, gobernado por el PSOE, dudó de la legalidad de esa balsa y su alcaldesa, Dolores Escalona, dejó caer que podría estar captando agua del acuífero de Doñana, pero la Casa de Alba le aportó una sentencia en la que se demostraba su legalidad, según refirió El Correo de Andalucía en una información publicada ese año.

Ecologistas en Acción también ha desconfiado de la legalidad de la alberca, pero la CHG le ha asegurado que no hay nada irregular en ella.

En Aljóbar, según el denunciante, trabajan entre siete y diez personas de forma permanente para una empresa que se encarga de la explotación agrícola de un terreno propiedad de los herederos de la Casa de Alba.

En el correo que envió a Ecologistas en Acción menciona en concreto a Alfonso Martínez de Irujo y su hijo Luís Martínez de Irujo. Además, una vez al año, la empresa encarga a una subcontrata la recogida de la fruta, "varios millones de kilos" de naranja.

Agentes de la Confederación Hidrográfica y del Seprona de la Guardia Civil se personaron en la finca el pasado 21 de junio con el propósito de sellar los pozos ilegales de forma cautelar, pero les negaron el acceso.

En consecuencia, la CHG solicitó al juzgado, a través de la Abogacía del Estado, una autorización para entrar en Aljóbar y tomar medidas cautelares mientras se tramita el expediente sobre la supuesta captación ilegal de agua, una solicitud que aún no ha tenido respuesta.

Según han informado fuentes de la Confederación a este periódico, la investigación de las presuntas tomas ilegales de agua en Aljóbar es anterior a la denuncia presentada por Ecologistas en Acción el pasado 5 de junio, ya que tenían constancia de los hechos con anterioridad.

El vecino que primero denunció los hechos asegura, por su parte, que personal de la CHG y agentes de la Guardia Civil pudieron entrar una vez en la finca antes de que les prohibieran el acceso y comprobar la existencia de ocho pozos sin autorización, aunque esta misma semana él mismo entregó en la Comandancia de Sevilla las coordenadas de un noveno del que no tenían constancia.

El impacto sobre Doñana

La Confederación Hidrográfica ha señalado, además, que durante la tramitación del expediente se determinará si la extracción del agua afecta también al acuífero del que se nutre el Espacio Natural de Doñana y garantiza su supervivencia.

Cómo puede afectar a uno de los espacios naturales más importantes de Europa la extracción de agua en esta finca de Aznalcázar, próxima a las lindes de la Zona Especial de Conservación de Doñana, constituye, por tanto, un factor determinante para fijar el alcance de la existencia de unos pozos ilegales.

Ecologistas en Acción alega que las aguas subterráneas de las que se abastecen los pozos de la finca Aljóbar pertenecen a la masa de agua Aljarafe Sur, que pueden tener una conexión con el acuífero Almonte-Marismas, antes conocido como Acuífero 27, del que bebe el Espacio Natural de Doñana.

Según un portavoz de la organización, Juan Cuesta, aunque ambas masas de agua se hallan separadas por el río Guadiamar, hay una conectividad a través del acuífero aluvial. Y la cantidad de agua que se ha podido estar extrayendo desde los pozos presuntamente ilegales de Aljóbar no es menor, según Ecologistas en Acción.

De acuerdo con sus estimaciones, un terreno de 200 hectáreas de naranjos necesita el doble de los 606.500 metros cúbicos por año de agua que tiene autorizada la finca.

"Ya se podría haber sospechado que para mantener las plantaciones iban a utilizar el doble de agua que la legalmente concedida y, por tanto, o más caudal en los pozos legales o, como ha ocurrido, captaciones procedentes de la apertura de pozos sin concesión administrativa", dice esta organización.

Antonio Amarillo, de Ecologistas, advierte también de otros impactos medioambientales que puede tener la extracción ilegal de agua en esta zona, entre ellos la pérdida de biodiversidad por reducción de un espacio que antes era forestal y ahora es agrícola o el uso de abonos o pesticidas químicos que pueden contaminar las aguas subterráneas.

Una finca cercana ya fue condenada por riego ilegal

Aljóbar no es, sin embargo, la primera finca de esta zona próxima a Doñana que ha sido denunciada por extracción ilegal de agua. Muy cerca de ella se encuentra Hato Blanco Viejo, también en el término sevillano de Aznalcázar, que llegó a ser condenada por el Tribunal Supremo en 2008 a pagar una multa de 601.012 euros, según recuerda Ecologistas en Acción.

Además, se le impuso la obligación de indemnizar los daños ocasionados al dominio público hidráulico con algo más de 1,1 millones de euros, tras negarse a instalar contadores para medir la cantidad de agua utilizada para regar sus cultivos.

En la sentencia, la Sala considera que la negativa a la vigilancia del uso del agua, en una zona próxima al Parque Nacional de Doñana, "objeto de fuerte control por su situación hídrica", demuestra "una clara posición de obstrucción a la actividad inspectora".

En su resolución, el tribunal señala que "no tiene el mínimo sentido que si Hato Blanco Viejo actúa dentro de la legalidad impida la entrada en la finca al personal controlador e incluso le impida realizar fotografías".

Según la organización ecologista, en esa finca de Aznalcázar se llegaron a extraer de forma ilegal, entre 2008 y 2013, hasta 12 millones de metros cúbicos de agua, una cantidad "capaz de llenar hasta 4.000 campos de fútbol con un metro de altura".

La finca de Aljóbar también fue objeto de una polémica en 2013 con el Ayuntamiento de Aznalcázar a cuenta de un camino público que la atraviesa y que el consistorio reclamaba que fuera liberado, ya que es una vía de paso hacia otros municipios.

Por las lindes de la finca discurre igualmente uno de los caminos que utilizan muchas de las hermandades del Rocío de Sevilla en la peregrinación hacia la aldea almonteña, y el popular Vado del Quema se encuentra a unos tres kilómetros de ese terreno.

La Casa de Alba incluyó las naranjas de Aljóbar en su muestrario de productos gourmet, un catálogo en el que sobresalen los aceites de oliva, los jamones de bellota, los quesos, las legumbres y la miel que obtienen en sus propiedades situadas en diferentes provincias de España.

En la página web donde están a la venta esos productos, la Casa de Alba se presenta como "una de las familias aristocráticas más importantes del mundo" y la casa heráldica "más importante de Europa", que atesora 10 palacios emblemáticos, 19 castillos, una colección de arte de más de 250 obras de grandes maestros y una biblioteca de 18.000 volúmenes, entre ellos cartas de los viajes de Cristóbal Colón y un ejemplar de la primera edición de Don Quijote.

En el ámbito meramente empresarial, la Casa de Alba se jacta de ser "la mayor propietaria de tierras de España, con 38.000 hectáreas de explotación agrícola", además de "múltiples intereses" en otros sectores.