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Vacunas de la covid-19 La Fiscalía de Murcia abre diligencias de investigación para aclarar si hay delito penal en las vacunaciones irregulares

Algunas de las personas que se vacunaron indebidamente podrían enfrentarse a delitos de prevaricación o tráfico de influencias.

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El consejero de Salud de la Comunidad de Murcia Manuel Villegas (d), durante un momento de la rueda de prensa que ofrecido junto al presidente de la comunidad Fernando López Miras (i), para anunciar su dimisión como consejero, este miércoles en el Palacio de San Esteban, sede del gobierno regional. — Marcial Guillén / EFE

madrid, Actualizado:

La Fiscalía superior de la Región de Murcia ha abierto diligencias de investigación para aclarar si hay delito ilícito penal respecto a las vacunaciones fuera del protocolo establecido, según fuentes de la misma Fiscalía han informado a la SER. 

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Segun fuentes del mismo medio, investigan los supuestos para imputar a algunas de las más de 450 personas que fueron vacunadas indebidamente por delitos de prevaricación o tráfico de influencias. El proceso ha empezado después de recibir dos denuncias por parte del PSOE y Podemos.

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El PSOE ha presentado la denuncia en la Fiscalía tras conocer en los últimos días que "más de 450 personas de la Consejería de Salud han sido vacunadas por parte del Gobierno regional, sin pertenecer a los grupos marcados por el protocolo de vacunación", tal y como ha anunciado el portavoz y vicesecretario general del PSRM, Francisco Lucas.

"Es necesario saber si el presidente regional ha permitido la administración de vacunas a personal que no está en primera línea de batalla cuando aún quedan cientos de profesionales sanitarios sin vacunar", ha argumentado Lucas en una rueda de prensa. 

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María Marín: "se ha cometido es una presunta ilegalidad, que tiene consecuencias que van más allá de la política"

También Podemos Región de Murcia ha presentado este viernes ante la Fiscalía una denuncia para "llegar al fondo del escándalo de las vacunas". La portavoz regional del partido, María Marín, ha considerado que los casos conocidos hasta el momento no constituyen "sólo un error humano o una conducta poco ética", sino que además "se ha cometido es una presunta ilegalidad, que tiene consecuencias que van más allá de la política".

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Por lo tanto, para la diputada, "no basta con la dimisión" y con la denuncia pretenden "que el fiscal investigue qué personas tomaron las decisiones que han llevado a vacunar a un grupo de altos cargos y no a las personas prioritarias", además de que determine "si esas personas han cometido algún delito". Una denuncia que desde Podemos entiende que es "lo mínimo" que pueden hacer por "los sanitarios de primera línea y por las personas más vulnerables a la covid", según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.

Marín ha recordado que en este escándalo se han visto implicados el consejero Villegas y su equipo de altos cargos, así como la alcaldesa de Molina y al médico que la ha vacunado indebidamente, a pesar de que "los cargos políticos y los funcionarios no están para hacer favores, y menos cuando hay vidas en juego".

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