Unicef denuncia que la saturación de los centros de protección de Andalucía provoca la fuga de menores migrantes

Unicef Comité Español ha denunciado este jueves en Sevilla que la “saturación” del sistema de protección de la infancia en Andalucía a causa del notable incremento de la llegada de pateras registrado en 2018 ha propiciado un aumento del número de menores inmigrantes no acompañados que abandonan los centros en las primeras semanas de su ingreso.

El Informe Los derechos de niños y niñas migrantes no acompañados en la frontera sur de España primero de este tipo que realiza Unicef en esta zona, ha constatado, según la organización de Naciones Unidas, lagunas sobre todo en la primera fase de acogida de los menores no acompañados, cuya entrada por las costas de Andalucía, Ceuta y Melilla ha crecido un 150% en los dos últimos años, hasta superar los 6.000 ingresos en 2018.

La falta de mediadores interculturales, de intérpretes, de psicólogos y de otros profesionales para atender tanta demanda propicia, a juicio de Unicef, que los menores se pongan nerviosos por su nueva situación en otro país y sin la compañía de sus familias, sufran ansiedad a causa de la incertidumbre en la que viven y el desconocimiento del entorno, y decidan finalmente abandonar los centros de protección, cuya competencia corresponde a la Junta de Andalucía, para irse a otras comunidades autónomas, a otros países de Europa o, simplemente, a buscarse la vida en la calle, o a que se la busquen otros por ellos.

Sara Collantes y Salud Mármol, dos de las autoras de informe realizado con la visita a 13 centros de Andalucía y otros siete de Ceuta y Melilla, aseguran haber constatado el caso de un centro del que se había escapado el 50% de los menores inmigrantes no acompañados que habían ingresado. A falta de otros datos, el Informe de Personas Desaparecidas 2019 realizado por el Ministerio de Interior refleja que son precisamente las provincias costeras andaluzas de Almería, Granada, Málaga y Cádiz las que registran mayor número de menores de quienes se desconoce su paradero tras haber pasado por un centro de protección.

En el mismo Informe de Interior se revela que en 2018 se produjo un notable repunte de la desaparición de menores en España que se encontraban ingresados en centros de protección, con 3.855 casos activados, el 67% de los que se han registrado en los cinco últimos años en nuestro país.

Al respecto, Unicef apunta: “Se da una situación paradójica, sobre todo en los centros más saturados: los niños o niñas que entran en el sistema de protección, en lugar de encontrarse en un entorno protector, un hogar, donde se garantizan sus derechos, comienzan una etapa donde terminan siendo cada vez más vulnerables. Una cadena de retrasos, falta de recursos, procedimientos inadecuados, decisiones descoordinadas y escasa supervisión terminan perjudicando sus oportunidades y condiciones de vida en el futuro”.

Según la organización para la infancia de Naciones Unidas, es creciente el número de menores que a diario abandonan los centros solos o de la mano de mafias de traficantes, unos porque creen que nadie les va a conseguir los papeles para regularizar su situación en España antes de cumplir los 18 años, otros porque no aguantan vivir una situación de hacinamiento o porque tienen familiares en otras regiones o, en el caso de los de Ceuta y Melilla, porque quieren pasar a la península.

De todos modos, Unicef ha constado que, comparado con otros países, España responde a la acogida de menores migrantes que están solos con “un enfoque de protección de la infancia”, que puede considerarse una buena práctica, aunque haya “múltiples problemas, contradicciones y carencias”, que requieren, fundamentalmente, un refuerzo de la primera fase de acogida para evitar que los chavales abandonen los centros.

Ademas, Unicef considera esencial llevar a cabo campañas contra la xenofobia para frenar un “creciente fenómeno de estigmatización” de estos menores, que se refleja en el rechazo cada vez más habitual de ayuntamientos andaluces a la apertura en sus términos de centros de protección y en el cambio de la dinámica de trabajo de los que ya están abiertos por “miedo a la contestación social” contra estos chavales, que implica, por ejemplo, que salgan menos a la calle para evitar conflictos.