UGT pide la homologación salarial inmediata entre trabajadores laborales y funcionarios del Estado

El secretario general del sector de la Administración General del Estado (AGE) de UGT, Carlos Álvarez, ha exigido al Gobierno una homologación salarial inmediata entre los trabajadores laborales y funcionarios de la AGE. En concreto, esta homologación afectaría a 46.000 trabajadores y supondría un coste de 60 millones de euros. Para el sindicato que lidera Pepe Álvarez, este es un objetivo para conseguir a corto plazo.

En la actualidad, el sueldo más bajo dentro de los funcionarios ronda casi los 22.000 euros anuales, mientras que, en la misma escala del personal laboral, la retribución media más baja apenas supera los 18.000 euros. En las escalas más altas, el grupo A1 de los funcionarios y grupo G1 de los laborales, la diferencia es aún más abultada, ya que mientras que en el primer caso la retribución media alcanza casi los 57.000 euros anuales, en el caso del personal laboral apenas supera los 31.000 euros.

Las escalas que aglutinan al 80% del personal, en las que para acceder solo es necesario tener Bachillerato o un ciclo formativo de grado superior y pasar una oposición, la diferencia va de entre los 22.788 euros de retribución media que ganan los laborales, a los 30.004 euros de media que se embolsan los funcionarios.

En la actualidad, la AGE cuenta con unos 200.000 efectivos. De estos, unos 50.000 son laborales. "Esta brecha salarial que no tiene fundamento ninguno es el objetivo máximo que se fija la UGT como objetivo prioritario a solucionar", ha apostillado Álvarez.

Durante la presentación del informe 'Mapa de la desigualdad en la Administración General del Estado', Álvarez ha recordado que la Administración General del Estado (AGE), desde que se iniciaron las transferencias, ha sido la peor remunerada. "Las brechas salariales que existen dentro de la AGE son múltiples y variadas", ha señalado.

Por otro lado, UGT también ha pedido al Gobierno una subida lineal para paliar las diferencias de la Administración General del Estado con el resto de las administraciones. Esta subida sería de media de unos 200 euros al mes y afectaría a los 200.000 trabajadores de la AGE. Sin embargo, Álvarez cree que este objetivo es más difícil de alcanzar a corto plazo.

"Quedan muchas cosas por solucionar y en ese sentido queríamos llamar la atención del Gobierno", ha señalado Álvarez, que también ha asegurado que el ejemplo más latente que pone de manifiesto la diferencia que existe entre la AGE y resto de administraciones lo refleja la Administración de Justicia.

En concreto, existen diferencias entre los salarios del personal transferido a las comunidades autónomas y el perteneciente al Ministerio. Así, según el ejemplo que ha señalado UGT a partir de datos del Ministerio de Justicia, la retribución por complemento específico en los cuerpos generales de este Ministerio oscila entre los 11.849 euros al año del cuerpo de gestión del País Vasco y los 4.930 euros que cobran los funcionarios no transferidos.

Por otro lado, UGT ha instado al Gobierno a crear la Ley de Función Pública de la AGE para establecer la carrera profesional para todos los trabajadores. UGT también ha señalado que las negociaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez se han retomado y se han centrado en la negociación del IV Convenio Único. "Llevamos dos semanas trabajando, poco puedo decirles, pero la voluntad y el objetivo es que por fin haya IV Convenio Único de personal en diciembre", según ha señalado Álvarez.

Preguntado por ampliar el permiso de paternidad en la Administración General del Estado, el responsable de UGT ha afirmado que parece que existe disposición a igualar los permisos de paternidad y maternidad, pero ha señalado que todavía no se ha hablado con el Gobierno de esta materia y que se reunirán en el mes de octubre.