La Comisión Europea ha iniciado este jueves un expediente de infracción contra España por persistir en el incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a tomar medidas para proteger el humedal de Doñana y avisa de que si en el plazo de dos meses no pone remedio estudiará elevar el caso de nuevo a la Justicia europea para reclamar una multa. 

"La Comisión insta a España a que cumpla con rapidez y eficacia la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE relativa a los humedales de Doñana", dice la institución comunitaria, que critica que "no se ha garantizado una gestión sostenible de las masas de agua subterránea que alimentan los humedales".

Las autoridades tampoco han actuado para "detener el posterior deterioro de los hábitats naturales protegidos en varios espacios Natura 2000 designados por las autoridades españolas alrededor y dentro del Parque Nacional de Doñana", explica Bruselas sobre la reiteración de los incumplimientos.

El proceso de infracción arranca con el envío de una carta motivada al Estado miembro después de que Bruselas constatara tras meses de intercambios con las autoridades y del análisis de la información científica disponible que las medidas tomadas hasta ahora son "insuficientes" para corregir las irregularidades.

"España tiene ahora dos meses para presentar sus observaciones que, una vez examinadas, la Comisión podrá llevar de nuevo el caso ante el Tribunal europea y pedir sanciones económicas para España", han informado los servicios comunitarios.

Con la carta formal de emplazamiento, el Ejecutivo comunitario activa un expediente que ya apunto el pasado febrero la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooiker, en una carta a las autoridades para trasladar su "honda preocupación".

En su valorración, Fink-Hooiker consideró "cuanto menos desconcertante" que el gobierno andaluz de Juanma Moreno contemplara la adopción de medidas que "agravarían la situación y pondrían en grave riesgo" el cumplimiento de lo dictado por Luxemburgo, en alusión al proyecto para ampliar los regadíos.

En junio de 2021, el Tribunal europeo dictó que España incumplía las directivas de Agua y Hábitats por no haber tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las destinadas al abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana.

El Ejecutivo comunitario sostiene que la sentencia de la Justicia europea es "coherente" con el "fuerte compromiso" de Bruselas con "salvaguardar los valores naturales excepcionales de Doñana para las futuras generaciones europeas", en línea con la carta de la directora general del pasado febrero en la que ya amenazaba con multas a España si no se corregía la situación.