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Turquía adopta una ley que obliga a capturar perros salvajes para trasladarlos a perreras

El país, gobernado por Recep Tayyip Erdogan, tiene más de cuatro millones de canes que viven en libertad y son parte de la cultura.

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Foto de archivo de varias personas, con pancartas contra el maltrato animal, marchan por la Gran Vía con sus perros, durante una manifestación contra la caza, a 6 de febrero de 2022, en Madrid. — Fernando Sánchez / Europa Press

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El Parlamento de Turquía ha aprobado este martes una ley que obliga a los ayuntamientos a capturar a más de cuatro millones de perros salvajes que hay en el país para trasladarlos a perreras. El partido del presidente, Recep Tayyip Erdogan, ha votado a favor, mientras que la oposición y las asociaciones animalistas lo han hecho en contra.

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Hasta ahora, la legislación obligaba a las autoridades a capturar a los animales para vacunarlos y esterilizarlos antes de volver a dejarlos en libertad. Por su parte, el Gobierno ha prometido "limpiar las calles" y trasladar a todos los perros a perreras para que puedan ser adoptados. 

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El borrador inicial de la ley preveía sacrificar a los perros que no encontrasen dueño en un plazo de 30 días, pero esta cláusula fue eliminada tras recibir duras críticas incluso de grupos islamistas aliados de Erdogan. Ahora, la ley permite quitar la vida a los animales que padezcan enfermedades incurables, representen un riesgo agudo de contagio o supongan un peligro incontrolable para la vida y salud humana o de otros animales.

En los últimos años, han aumentado las protestas de ciudadanos que consideran a los perros asilvestrados un peligro. Sin embargo, muchas personas que tienen por hábito alimentar a manadas de perros en la periferia de las ciudades o pueblos sostienen que estos animales casi nunca son agresivos.

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Actualmente, hay 250 refugios con capacidad para 90.000 perros en toda Turquía y la ley obliga a todos los ayuntamientos de más de 25.000 habitantes a construir nuevas perreras hasta finales de 2028. En caso de incumplimiento, las penas van desde elevadas multas hasta la cárcel. 

El mayor partido opositor, el socialdemócrata CHP, ha anunciado que impugnará la ley ante el Tribunal Constitucional por considerar que "vulnera el derecho a la vida". "Mientras tanto, nuestros ayuntamientos seguirán haciendo su trabajo como hasta ahora", ha dicho Özgür Özel, el líder de la formación.

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