El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha pedido al consejero de Educación, Josep González-Cambray, que "dicte las instrucciones, resoluciones y circulares en materia de personal docente". Lo hace para asegurar que se cumple la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano dentro de las aulas escolares.

El TSJC ha emitido dos autos este miércoles, que con la misma argumentación desestiman dos recursos de la Generalitat, consultados por Europa Press. El primero de ellos confirma la ejecución que ordenó a instancias de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). El segundo hace lo mismo con el auto que aceptó la petición del padre de un alumno, al que el tribunal dio legitimidad para personarse como parte afectada en el procedimiento.

De esta forma, el tribunal reprocha a la Generalitat que alegue que la sentencia vulnera derechos de alumnos y profesores, aunque "no contribuye a argumentar por qué considera que con el fallo se están violentando los derechos de los alumnos y profesores cuando lo que se trata de asegurar es un mínimo de impartición de horas lectivas de castellano y catalán en las escuelas".

Vulneración de derechos de alumnos y profesores

Los jueces consideran que "no se trata de afectar los derechos de alumnos y profesores". Por ello, los magistrados del TSJC estiman que el objetivo es "garantizar un mínimo de enseñanza efectiva e inmediata mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas" en las aulas.

El auto confirma la ejecución de la sentencia a petición del padre de un alumno del centro de Santa Perpètua de Mogoda, en Barcelona. Este fallo incluye el voto particular de dos magistrados, los mismos que cuestionan que el hombre estuviera legitimado para intervenir en el procedimiento.

Los dos jueces ya discreparon sobre la decisión del tribunal cuando fue admitido el caso. Ahora, los magistrados reiteran su postura debido a que el auto del miércoles "insiste en los mismos motivos" a los que ya se opusieron.