Abusos sexuales Trump complica el proceso para denunciar abusos sexuales en los campus universitarios

El Gobierno de EEUU publicó este miércoles nuevas normas para las investigaciones de abusos sexuales en los campus del país, unas reglas que endurecen el proceso de denuncia para las presuntas víctimas en un intento de proteger el derecho al "debido proceso" de los alumnos o profesores acusados.

Los cambios anunciados por el Departamento de Educación, que entrarán en vigor el próximo 14 de agosto, reducen el número de comportamientos que se consideran "abuso sexual" y exigen, entre otras cosas, que las alumnas que denuncian sean interrogadas en una audiencia pública por los representantes de sus presuntos agresores.

Esa norma, cuyo borrador se adelantó hace casi dos años, preocupa tanto a las organizaciones que defienden los derechos de víctimas de abusos sexuales como a muchas universidades, que temen que ese énfasis en los derechos de los acusados haga sentir a quienes hayan sufrido un abuso que no tiene sentido denunciarlo.

Los cambios, que entrarán en vigor el próximo 14 de agosto, reducen el número de comportamientos que se consideran "abuso sexual"

Las nuevas reglas actualizan la forma de aplicar una ley de 1972 llamada Título IX, que prohíbe la discriminación por motivos de género, incluidos los abusos sexuales, en las escuelas y universidades que reciban fondos federales, que son casi todos los del país.

La secretaria de Educación, Betsy DeVos, aseguraba este miércoles en su cuenta de Twitter que la nueva normativa tenía por objeto "equilibrar la balanza de la justicia en los campus universitarios de América". 

Two years ago, I promised to address the scourge of sexual misconduct on our nation’s campuses. The new #TitleIX regulation delivers on that promise. It treats all students fairly and holds all schools accountable if they fail to protect their students: https://t.co/HEuugNWBe0

— Secretary Betsy DeVos (@BetsyDeVosED) May 6, 2020

Las asociaciones de mujeres de las universidades norteamericanas han acogido con críticas las nuevas reglas que ponen en riesgo la credibilidad de las víctimas de abusos sexuales y su confianza para denunciar.

"Los interrogatorios en audiencias públicas van a ser un jarro de agua fría y van a disuadir a quienes piensan en denunciar", advirtió el pasado febrero la directora del departamento que investiga denuncias de abusos sexuales en la washingtoniana Universidad de Howard, Leslie Annexstein.

Una de cada cuatro estudiantes de grado en EEUU son violadas

Una de cada cuatro estudiantes de grado universitario de Estados Unidos son violadas o sometidas a abusos sexuales, según un estudio de la Asociación Estadounidense de Universidades (AAU) del pasado octubre.

Pero no muchas los denuncian a sus campus, que están obligados por ley a investigar esos posibles crímenes e informar de ellos al Gobierno, y entre los círculos estudiantiles del país se ha extendido la impresión de que las universidades están poco interesadas en proteger a las víctimas e indagar en sus denuncias.

Ese clima de desconfianza e impunidad podría empeorar con las nuevas normas, alertaron activistas y legisladores demócratas, mientras el Centro Nacional de Derechos de las Mujeres (NWLC, en inglés) anunciaba que demandará al Departamento de Educación para evitar que las reglas entren en vigor.

"Institucionalizar el fenómeno de culpar a las víctimas"

Por su parte, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, argumentó que las reglas anteriores, establecidas durante el mandato de Barack Obama (2009-2011) no daban suficientes garantías a los acusados de abuso sexual.

"Hemos escuchado a demasiados estudiantes cuyas carreras quedan manchadas por administradores de las universidades sin ninguna semblanza de debido proceso. Eso debe parar", afirmó el encargado adjunto de derechos civiles en el Departamento de Educación, Kenneth Marcus, a la cadena NBC News.

Bajo estas nuevas normas, el acusado tendrá el derecho a una audiencia pública en la que su abogado o representante podrá interrogar a quien presente la denuncia

Bajo las nuevas normas, las universidades no podrán usar a un único funcionario para indagar en las quejas y juzgarlas, como hasta ahora, y el acusado tendrá el derecho a una audiencia pública en la que su abogado o representante podrá interrogar a quien presente la denuncia, como en un juicio.

"Esto es institucionalizar el fenómeno de culpar a las víctimas. Hay formas de hacerles preguntas sin someterlas a lo que parece un proceso criminal", aseguró recientemente a Efe la directora de políticas públicas de la Asociación Estadounidense de Mujeres Universitarias (AAUW), Kate Nielson.

Las normas también estrechan la definición de acoso sexual, que hasta ahora era amplia y cubría cualquier "conducta no bienvenida de naturaleza sexual".

Ahora, las universidades solo deberán investigar aquellas conductas que se ajusten a la definición del Tribunal Supremo, referida a comportamientos "tan graves, generalizados y objetivamente ofensivos" que "niegan a una persona un acceso igual a los programas o actividades de la universidad".