La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), declara la extinción de la responsabilidad criminal de los diez acusados por el caso de la usurpación del local conocido como 'La Madreña' de Oviedo, por estar prescrito el delito que fue objeto de la acusación, y por ello las consecuencias legales inherentes. Entre los acusados se encontraba el diputado regional de Podemos, Andrés Fernández Vilanova y el concejal de Somos Oviedo (marca local de Podemos), Rubén Rosón.

La Sala argumenta entra otras cosas que si bien en el momento de la denuncia de los hechos, incluso cuando se produjo el desalojo, el delito en cuestión estaba incurso dentro de la categoría de menos grave, en el momento actual de su enjuiciamiento, ha pasado a ostentar la calidad de delito leve, que ya habría prescrito.

Por tanto, y aunque la Sala fundamenta que los hechos enjuiciados referentes a la ocupación del inmueble que se ha denunciado, "podrían ser constitutivos de un delito de usurpación del 255-2 del vigente Código Penal", consideran que al aceptar la prescripción del delito, no procede dirimir siquiera sobre la posible responsabilidad o no de los acusados.

El juicio "fue un capricho"

En opinión del colectivo, la sentencia pone de relieve que el juicio "fue un capricho de quienes desde el poder deseaban organizar un gran juicio político a 'La Madreña', un centro social que supo ganarse el cariño y el respeto de la opinión pública".

El colectivo pide nuevamente que se investigue a los responsables políticos y empresariales de la Operación de los Palacios, "pues son ellos los que deberían sentarse en el banquillo de los acusados por la privatización de la consejería de salud de General Elorza para beneficiar a la empresa constructora del Calatrava".

Los 10 de 'La Madreña' agradecen a las abogadas defensoras y a la sociedad asturiana su apoyo en momentos díficiles y piden que no se pierda la memoria de 'La Madreña', un centro social que es ya historia de Oviedo y de Asturias, y por el que pasaron miles de personas.

El colectivo donará su caja de resistencia a movimientos sociales asturianos, "y especialmente a otros colectivos amenazados por el recorte de las libertades ciudadanas que se está viviendo con la Ley Mordaza".