El transporte sanitario público "supera el estándar" en tiempo de activación y de respuesta en Andalucía

La Cámara de Cuentas ha elaborado un informe de fiscalización operativa sobre el transporte sanitario en el sistema sanitario público de Andalucía que ha arrojado como conclusiones, sobre el cumplimiento de los objetivos, que "el tiempo de activación de los dispositivos móviles en las prioridades 1, por parte de los Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias (CCUE), es superior al establecido", reflexión que ha hecho extensiva a que "los tiempos de respuesta de los equipos móviles del SAS, para las prioridades 1 en ámbito urbano, son superiores al estándar establecido".

Sobre los tiempos de respuesta, informa el organismo fiscalizador mediante un comunicado, "se ha comprobado que se producen demoras en los traslados por altas y en los desplazamientos para tratamientos y consultas programadas" y ha concluido que "los retrasos influyen negativamente en los indicadores de eficiencia del hospital (estancias medias, ingresos programados, traslados desde UCI o urgencias a planta, etc) y en la calidad del servicio".

La evaluación de los usuarios de los tiempos de respuesta se ha reflejado, según la Cámara de Cuentas, en el hecho de que "las reclamaciones y quejas presentadas por los usuarios permiten constatar que la mayoría tienen su origen en las demoras en la prestación de los servicios".

Sin embargo, el informe de fiscalización ha puesto de manifiesto que las encuestas de satisfacción realizadas por la Empresa Pública de Emregencias Sanitarias a los usuarios "muestran una satisfacción general alta (8,52 puntos sobre 10), pero el aspecto peor valorado es el tiempo de espera en recibir la atención (7,64 puntos)".

La Cámara de Cuentas también ha evaluado la equidad y la accesibilidad de la red de transporte sanitario para concluir que "si bien todos los usuarios tienen acceso a los servicios de salud mediante el transporte sanitario, se han detectado situaciones que pueden afectar a la equidad en los casos de pacientes que residen en poblaciones más alejadas de los centros hospitalarios".

Además de los tiempos de respuesta, la Cámara de Cuentas ha concluido en su informe que "se ha constatado que los recursos especializados y diseñados para atender a las emergencias (recursos de la EPES y equipos móviles del SAS) no son suficientes debiendo ser resueltas por otros medios, de los que dispone el Servicio Público de Salud de Andalucía, que no son específicos para atender demandas asistenciales de emergencia".

El informe del organismo fiscalizador externo ha asegurado que no ha podido evaluar el coste de los servicios prestados "debido a las limitaciones de información analítica sobre el coste de los dispositivos móviles del SAS".

Sí ha podido la Cámara de Cuentas realizar un análisis comparativo entre los costes de los recursos propios (vehículos y personal propio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias) y los utilizados por un centro del SAS (vehículo y conductor por contrato público y personal sanitario propio).

Costes de medios propios y ajenos

"Se han estimado los costes de un dispositivo móvil (vehículo tipo C, con un equipo de facultativo, enfermero y técnico de transporte sanitario) disponible 24 horas/365 días año, resultando un importe de 1.127.782 euros para EPES y 850.060€ para el equipo móvil del SAS", ha concluido el informe de la Cámara de Cuentas, lo que supone que el coste con medios propios supera en un 32,67% el realizado con un vehículo y conductor externos.

Para la realización de las actividades relacionadas con el traslado de pacientes la sanidad pública autonómica cuenta con una Red de Transporte Sanitario (RTS), cuya coordinación y gestión le corresponde la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La red se estructura en diferentes niveles: la Red de transporte sanitario programado (RTSP), cuya responsabilidad en la gestión recae en los centros hospitalarios; la Red de transporte sanitario urgente (Rtsu), que gestiona la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) y los distritos de atención primaria; y una Red de transporte sanitario de pacientes críticos. Esta última red ha quedado fuera del trabajo de fiscalización.

"Andalucía no dispone de un marco normativo actualizado"

Otras conclusiones y recomendaciones de la Cámara de Cuentas le ha llevado a afirmar que "Andalucía no dispone de un marco normativo actualizado" sobre la prestación de los servicios de transporte sanitario, así como que "no ha establecido los criterios sobre la externalización de servicios de su competencia y no cuenta con una herramienta de planificación estratégica" de la Red de Transporte Sanitario.

El informe del órgano de fiscalización externa ha señalado también que se ha dado lugar "a una prestación desigual según el ámbito subjetivo y territorial de cada contrato y ha afectado al cumplimiento de los principios de eficiencia y equidad" por el hecho del "contenido heterogéneo de las cláusulas contractuales y el amplio plazo de ejecución de los contratos (hasta 10 años y algunos de ellos en situación de prórroga forzosa)".

La Cámara de Cuentas ha asegurado que "las deficiencias en la planificación de la Red de Transporte Sanitario Público impiden garantizar una gestión organizada, coordinada, coherente, eficaz y eficiente".

En cuanto al control interno, la Cámara de Cuentas ha concluido que la "carencia de información impide realizar un seguimiento de la actividad realizada y comprobar el cumplimiento, por parte de los adjudicatarios, de los requisitos establecidos en los pliegos de contratación".

El informe de la Cámara de Cuentas ha evaluado "la eficacia, eficiencia, economía, calidad, equidad y accesibilidad" del transporte sanitario en el sistema público, que ha definido como aquél que se realiza para el desplazamiento de personas enfermas, accidentadas o por otra razón sanitaria, en vehículos especialmente acondicionados al efecto.