Transparencia España se compromete a ampliar el libre acceso a la información pública

El Gobierno de España se ha sumado al Convenio de Tromsø (PDF), o Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Oficiales, lo que va a obligar a reformar la limitada Ley de Transparencia de 2013 algo que, sin embargo, no se se hará de manera inmediata.

La firma de este convenio es uno es los tres compromisos sobre el marco normativo incluidos en el IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024 (PDF), junto con el desarrollo del Reglamento de la Ley de Transparencia (que no ha sido aprobado aún) y la reforma de la propia ley; todo indica a que no habrá reforma hasta finales de 2022, como pronto.

La apertura a la transparencia que supone la firma del convenio de Tromsø, que aún tiene que ser ratificado e incorporado a la normativa española, para toda la información pública se deberá establecer para documentación y datos que hasta ahora son opacos en España, como las "comunicaciones internas" entre instituciones del Estado, o bien en la información sobre la que se aplica otras normativas, el acceso a documentos conservados en archivos públicos.

En España hemos visto demasiadas veces cómo la (escasa) transparencia institucional se aplica o no a conveniencia del organismo afectado y sin dar demasiadas explicaciones, como los casos que tienen que ver con el rey emérito Juan Carlos I o los viajes oficiales. En éste último caso, Civio tuvo que recurrir a los tribunales simplemente para que se aplicase la ley, en un periplo que duró nada menos que seis años de litigio.

En otras ocasiones se impone la vetusta ley franquista de Secretos Oficiales, en vigor desde 1968 y que da una amplia potestad al Gobierno de turno para clasificar como reservado cualquier documento para siempre.

Movimientos y organizaciones civiles como Civio y Access Info celebran la adhesión de España a este convenio, tras su firma el pasado 23 de noviembre por el Representante de España en el Consejo de Europa, Manuel Montobbio.

Para Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info, "la máxima prioridad ahora es garantizar que el derecho de acceso a la información se aplique a toda la información en poder de todos los organismos públicos, lo que podría hacerse como parte de las reformas que se están discutiendo en el actual Plan de Acción de Gobierno Abierto".

"El Gobierno español prometió la ratificación de la Convención de Tromsø antes del 31 de diciembre de 2021", añade Darbishire, que lamenta que si bien "no se alcanzará ese objetivo, el Ejecutivo podría trabajar en la reforma de la ley y la ratificación en paralelo durante 2022". Desde Access Info, además, consideran muy positivo que con la firma del Convenio de Tromsø España se compromete a incluir en las excepciones al derecho de acceso una prueba de daño y una prueba que demuestre el interés público.

No obstante, como ya hemos explicado anteriormente, es improbable que los cambios se vean reflejados como modificaciones en la Ley de Transparencia a corto plazo, teniendo en cuenta que ni siquiera se ha aprobado aún el Reglamento, recuerdan desde Civio.

La normativa española, además, recoge ya gran parte de lo que dice el Convenio de Tromsø, como que, por ejemplo, la inspección de documentos públicos en las oficinas de la autoridad pública debe ser gratuita, con carácter general. El mismo convenio añade, no obstante, que podrán cobrarse servicios tales como fotocopias (a un precio "razonable") y se podrá modular este derecho en función del estado de conservación del documento en cuestión.

Otro aspecto que deberá recoger la normativa española es que un solicitante que pida un documento oficial y cuyo acceso le ha sido denegado expresamente o implícitamente, parcialmente o por completo (a través del Portal de Transparencia, lugar en donde se canalizan este tipo de información pública abierta a todos), tendrá acceso a un procedimiento de reclamación barato antes de la apelación ante un tribunal u otra institución independiente e imparcial establecida por la ley.

La Convención de Tromsø es el primer tratado vinculante del mundo sobre acceso a la información y entró en vigor el 1 de diciembre de 2020. Ha sido ratificado por 11 países, incluidos Bosnia y Herzegovina, Estonia, Finlandia, Hungría, Lituania, Montenegro, Noruega, la República de Moldavia, Suecia y Ucrania. La ratificación más reciente fue Islandia, el 10 de febrero de 2021. Otros ocho países, incluida ahora España, han firmado la convención pero aún no la han ratificado.

El Consejo de Europa aún tiene que establecer el organismo de supervisión del Convenio de Tromsø, el "Grupo de información de acceso del Consejo de Europa". No obstante, el próximo lunes 29 de noviembre el organismo evaluará a los candidatos para formar parte de dicho grupo.