Medio centenar de usuarios, trabajadores y familiares de residentes en la residencia de mayores Concepción Arenal de A Coruña, en la que se investiga la muerte de una mujer que falleció en diciembre de 2019 sin recibir asistencia médica tras ocho horas de agonía, se manifestaron de nuevo este jueves a las puertas del centro para reclamar más medios materiales, sanitarios y humanos a la empresa que la administra.

La residencia es de titularidad pública, pero la Xunta la ha privatizado dejando su gestión en manos privadas. Desde el pasado junio, la contratista es Clece Vitam, la empresa multiservicios del conglomerado societario del constructor Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la multinacional ACS.

Las trabajadoras del centro han presentado una denuncia ante la Fiscalía alertando de que la falta de personal, especialmente sanitario, además de obligarlas a extender sus jornadas y asumir una enorme carga de trabajo suplementario, pone en peligro la capacidad para atender y cuidar adecuadamente a los internos, 150 personas en la actualidad.

En diciembre de 2019, una mujer de 85 años murió por broncoaspiración tras atragantarse, después de agonizar durante ocho horas sin que ningún médico ni enfermera pudiera atenderla porque la dirección de la residencia no había destinado ninguno de guardia esa noche.

En las horas previas, la mujer había mostrado síntomas evidentes de estar enferma, como fiebre, palidez, taquicardia y respiración alterada, según describieron las auxiliares que sí trabajaron esa noche.

"Sigue habiendo personas que se atragantan y sigue siendo habitual que en muchos turnos de trabajo no haya médicas ni enfermeros en la residencia", aseguraba a las puertas del centro una delegada sindical, que prefirió no dar su nombre para no sufrir represalias de la empresa.

El caso de la interna fallecida en 2019 está en manos del juzgado de Instrucción Número 6 de A Coruña, tras una querella criminal presentada por una médico y una enfermera contra la dirección del centro, a la que acusan de homicidio por imprudencia profesional al haber dejado sin personal sanitario un centro de cinco plantas con 150 internos, a los que aquella noche sólo podían atender tres auxiliares de enfermería.

La Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia está imputada en ese caso como responsable civil subsidiaria, y la acusación asegura que no cumplió su deber de enmendar las deficiencias materiales, humanas y laborales del centro y garantizar la seguridad de sus usuarios, pese a que se trata de una residencia pública y pese a las reiteradas denuncias de trabajadoras, usuarias y familiares.

A la concentración, vigilada por una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía, asistieron la concejala de Podemos en el Ayuntamiento de A Coruña, Isabel Faraldo, quien brindó su apoyo a las reclamaciones de trabajadoras, usuarias y familiares, y Marina Ortega, portavoz de sanidad del grupo socialista en el Parlamento de Galicia.

"Resulta inaudito que suceda algo así en una residencia pública", dijo la diputada, quien advirtió de que Galicia es la comunidad autónoma española con menor índice de inspectores de servicios sociales a pesar de que es la que cuenta con mayor número relativo de usuarios de residencias de mayores.

Público ha intentado obtener la versión de la dirección de la residencia y de Clece Vitam, pero no ha obtenido respuesta. El grupo ACS, núcleo del conglomerado empresarial de Florentino Pérez, obtuvo el año pasado 3.045 millones de euros de beneficio neto atribuible. Ese año, el sueldo de Pérez -sin contar sus beneficios como principal accionista del grupo- fue de 6 millones de euros.