Fue un punto de inflexión: los migrantes de la caravana centroamericana repelidos por los agentes de frontera estadounidenses con gases lacrimógenos. Ocurrió hace apenas una semana y envió un mensaje disuasorio para los migrantes, a la par que retrató la contundencia de las políticas antiinmigratorias del gobierno de Donald Trump. Familias enteras escapando a la carrera de los efectos de un material prohibido en las guerras.

Las consecuencias se percibieron de inmediato en Tijuana. La mayoría de la caravana no participó en la marcha hacia el puesto fronterizo de El Chaparral aquel domingo, pero afectó a todos. Dos meses de marcha en pos de un sueño frente a la pesadilla de un muro infranqueable, de una administración inflexible y de un país que los acogía en medio de sus propias disputas internas. Miles de centroamericanos en medio, muchos con una creciente sensación de engaño y conscientes de la manipulación política y mediática que perturba sus legítimas razones.

El cierre de la frontera durante unas horas enfadó a Tijuana, que recibió de forma mayoritariamente solidaria a la caravana pero que se resiente de los efectos del cierre de uno de los pasos más transitados del mundo. En las horas en que estuvo clausurada, se calcularon pérdidas de unos 5'3 millones de dólares en el lado estadounidense, según la Cámara de Comercio de San Ysidro, y de 6'5 en el mexicano, según el Centro Metropolitano de Información Económica y Empresarial. La relación entre ambas comunidades es cotidiana, con alrededor de 90.000 cruces diarios por razones de negocio, turismo, formación y otros. Muchos mexicanos trabajan y se forman en San Diego, mientras muchos estadounidenses hacen uso, por ejemplo, de los servicios médicos de Tijuana.

Una de las pocas buenas noticias para la caravana fue la explosión de la solidaridad tras el estallido de los botes de gas lacrimógeno. En el lado californiano, la asociación Border Angels (Ángeles de la Frontera) pasó de recibir donaciones cada dos horas en su sede de San Diego a un goteo permanente de personas haciendo llegar ropa, medicinas, mantas o tiendas, bien personándose en la oficina o enviando el material por mensajería. Entre quienes se encargan de gestionar toda esa ayuda, la barcelonesa Babette Pagès.

Estudiante de relaciones internacionales, Pagès lleva tres meses echando un mano a esta organización fundada en 1986 por Enrique Morones, vicepresidente durante seis años del equipo de béisbol de la ciudad, los San Diego Padres, y bautizado como un "ángel de la frontera" en el popular programa de televisión 'Sábado gigante', que presentaba desde Miami el periodista chileno Don Francisco. El calificativo le llegó por promover la iniciativa de dejar botellas de agua en el desierto entre México y Estados Unidos para los migrantes. Ahora su organización trata de gestionar este caudal de solidaridad, que según Babette Pagès incluye personas de otros estados del país, como Michigan y Arkansas, que llaman para colaborar con ellos.

Mary Joe y Bob, pareja que reside en el área de San Diego, se acercan a Border Angels con material para la caravana y las ideas claras: "La gente que ha luchado para venir aquí no es diferente de nuestros antepasados que llegaron en barcos echos polvo desde Irlanda u otros lugares. A ellos también se les trató mal", afirma la mujer y asiente el marido, para subrayar después lo "avergonzados" que se sienten por cómo Estados Unidos los ha rechazado "por puro racismo". Ambos estarían encantados de recibir en California a la caravana, "porque aquí hay espacio y trabajo para todo el mundo".

Bob y Mary Joe se acercaron a la sede de la ONG Border Angels, en San Diego, para aportar material en solidaridad con la caravana migrante

El mensaje inclusivo y comprensivo de este matrimonio californiano tiene su reverso. Los ángeles también reciben llamadas de amenaza, tanto desde Estados Unidos como de México. Enrique Morones, bregado en mil batallas, rebusca en su buzón de voz un ejemplo, el de una mujer que no se identifica y que de primeras los acusa de "traidores a la patria de México" por "promover el cruce ilegal de ilegales hondureños y salvadoreños, que entre ellos tienen criminales". Inicialmente serena, la voz estalla antes de colgar: "¡Fuera de México! ¡Fuera de Tijuana! ¡Fuera!". Otros mensajes, asegura Morones, contienen amenazas y los investiga el FBI.

Al otro lado de la frontera, en Tijuana, el pastor bautista José Antonio Altamirano afirma que "es más la gente que apoya, el problema es que la gente que no apoya es muy violenta y agresiva". Algunos de ellos, afirma, vienen de San Diego. La llegada en 2016 de alrededor de 6.000 haitianos a Tijuana, y la necesidad de darles refugio, le impulsó a transformar la Iglesia Camino de Salvación en un pequeño albergue de acogida para inmigrantes, en el que en la actualidad residen 26 personas, algunas de ellas integrantes de la caravana centroamericana, pero también desplazados mexicanos que huyen de la violencia.

Una de ellas es Zuleima Anaya Silva, que tiene 26 años y escapa de la "guerra de los cárteles de la droga" de la ciudad de Tecomán, en el suroeste de México, junto a sus dos hijos de 7 y 6 años. "Desaparecieron al papá de mis hijos y no quise estar más ahí". Pide asilo en Estados Unidos y está a la espera de que llegue su turno dentro de una larguísima lista de nombres que aguardan al sur de la valla fronteriza. Suma más de 5.000, entre personas que llegaron antes de la caravana y los integrantes de la misma que ya han solicitado ser apuntados. Según el pastor Altamirano, "cien números pueden ser tres semanas". Zuleima tiene miedo a lo que pueda pasar durante el proceso de petición de asilo, pero más miedo a quedarse en Tijuana, "porque aquí también está muy violento".

Es lo que piensan también Jeffrey y Erik, dos hondureños veinteañeros de Choluteca, al sur del país, que han decidido volverse a casa porque en Tijuana han encontrado "la misma delincuencia". Pero Erik añade una razón más: "Yo me regreso porque hay muchas mentiras, y siento que nos están usando políticamente". Apenas han pasado una noche en el nuevo albergue de El Barretal, a quince kilómetros de la frontera, con el que las autoridades mexicanas pretenden clausurar el de Benito Juárez, que estaba literalmente junto a la frontera con Estados Unidos y quedó empantanado por la llegada de las lluvias el pasado jueves. Un barrizal donde se hacinaban más de 5.000 personas.

Alan, otro hondureño, se suma a la conversación. Él se queda para intentar llegar a Estados Unidos. "Están diciendo que la caravana es una cuestión de política, pero no, la caravana se desarrolló por miles de personas". "Pero ya hicieron política aquí", le interrumpe Jeffrey, citando a "los de los chalecos verdes", que es como se conoce a los integrantes de Pueblos Sin Fronteras, una organización que desde hace años apoya el tránsito de migrantes hacia Estados Unidos e incluso organiza caravanas con el objetivo de garantizar la seguridad de sus integrantes en una ruta muy peligrosa. Los tres jóvenes hondureños los acusan de haberles dirigido hacia Tijuana contra su voluntad, y dejan caer que la ayuda humanitaria no se ha distribuido de forma igualitaria. La organización ha negado estar detrás de esta última caravana. Incluso su líder, Irineo Mujica, la desaconsejó en octubre "porque las fronteras están ahora abarrotadas".

Jeffrey y Erik, dos hondureños veinteañeros de Choluteca, han decidido dar media vuelta y volver a su país.

Los rumores y los bulos han acompañado una caravana que Donald Trump utilizó descaradamente para sus fines electorales en las recientes elecciones legislativas. En Tijuana han calado muchos de ellos, pero nadie acierta a apuntar con claridad a quién beneficia la teórica manipulación política de este colectivo ni ratifica con datos la presunta organización en origen. Los integrantes de la caravana dicen haberse enterado de la iniciativa por mensajes de WhatsApp o por la televisión, pero nadie parece conocer quién dio el primer paso. Incluso el polémico alcalde de la ciudad, Juan Manuel Gastélum, abona las teorías conspirativas sin apuntar a personas u organizaciones concretas.

El pastor José Antonio Altamirano defiende que al menos Pueblos Sin Fronteras "ha dado la cara", pero reconoce que "hay la sensación de que hay otros grupos que están moviéndose ahí abajo". Preguntado sobre a quién beneficia este desastre humanitario en la frontera, Altamirano desliza una de las versiones más extendidas en Tijuana: que esta caravana fue promovida para el interés de Donald Trump. E incluso que la presencia de mujeres y niños, el día en que fueron repelidos con gases lacrimógenos, vino auspiciada por personas que gritaban que se había abierto la frontera para ellos. "Todos sabemos que Honduras tuvo un Golpe de Estado hace unos años con la franca connivencia del gobierno norteamericano", explica el pastor, para quien "los elementos históricos" avalan la posible relación de la administración Trump con el caos en la frontera.

La hondureña Wendy mira a su bebé de siete meses en el refugio de El Barretal en Tijuana.

“Fango político aparte, lo fundamental son las personas y sus historias. Es en el contacto directo con los miembros de la caravana centroamericana, es viendo las paupérrimas condiciones en que son acogidos, es viendo cómo te abren las puertas de su miserable metro cuadrado de plásticos que quieren ser tienda de campaña, donde más hieren los ataques de los Trump, Gastélum y compañía, los comentarios gratuitos de quienes opinan con los pies encima de la mesa y un móvil en la mano, los que escriben, radian o televisan haciendo uso de la miseria ajena por un clic, por extender un bulo o al servicio de la voz de su amo. Hay que ser muy cínico para mirar a los ojos de Wendy y llamarla criminal viéndola pasear cubriendo con una manta a Áxel, su bebé de siete meses, que ha cruzado tres países y se ha quedado a las puertas del cuarto. Si llegará a Estados Unidos "solo Dios sabe, porque el presidente de allá no quiere". A su alrededor, decenas de compatriotas hacen cola por una manta o una colchoneta. Sopla el viento del norte y es frío.