"Llevo trabajando desde los 15 años, ahora tengo 60 y me van a dejar sin absolutamente nada". María José, trabajadora del Servicio de Atención Telefónica del Canal de Isabel II, lamenta a Público la "catastrófica" situación generada por la decisión de la empresa pública de la Comunidad de Madrid de dividir el servicio de atención al cliente, gestionado hasta ahora por la firma GSS Venture, en dos empresas, Servinform y Telecyl-Madison.

El personal se ha concentrado frente a las puertas de la compañía, en la calle Santa Engracia (Madrid) para reclamar una solución no solo ante la postura del Canal, también por la "complicidad" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que ha adoptado una actitud pasiva ante el riesgo que corren más de 150 puestos de trabajo. Los trabajadores también han convocado una huelga de 24 horas para protestar por la "precaria situación" que les espera si finalmente se lleva a cabo esta fragmentación del servicio con las actuales condiciones.

Desde los sindicatos involucrados, UGT, CGT y Comisiones Obreras, trasladan dos claras preocupaciones. La primera de ellas es relativa al número de puestos de trabajo. En estos momentos el servicio cuenta con 154 teleoperadoras y teleoperadores. Pero los pliegos del concurso mencionan trasladar a 50 empleados a una sociedad y a otros 50 a otra. Por lo tanto, quedan en el aire otros 54 trabajadores. "Servinform y Telecyl-Madison deben garantizar la continuidad de estos empleos", protesta María José. 

Falta la subrogación: el riesgo de perder las condiciones

El sindicato CGT confía en que esto se solvente y que se acabe llevando a la mitad de la actual plantilla a un lado y la otra mitad a otro. De hecho, el sindicato explica a Público que no solo será necesario mantener a la actual plantilla, sino que deberán acometer una ampliación, pues el Canal Isabel II prevé aumentar la carga de trabajo incorporando más servicios de atención.

La mayor intranquilidad de los trabajadores pasa por la subrogación laboral. Es decir, si mantendrán las mismas condiciones laborales. El personal está formado mayoritariamente por mujeres, con "salarios mileuristas" y que llevan desempeñando esta labor más de 20 años. De hecho, la mencionada GSS Venture ha sido la encargada de administrar la asistencia de atención al cliente durante 21 años. "Queremos mantener la antigüedad, la categoría laboral, nuestro horario y nuestro sueldo", reivindican los trabajadores. 

"El Canal no obliga a estas sociedades a subrogar, prefiere contratar teleoperadores nuevos que cobren el Salario Mínimo Interprofesional en lugar de mantener a los que llevan 21 años trabajando y tienen una condiciones un poquito mejores", denuncia Santiago Alonso, miembro del comité de empresa de CGT en GSS. 

La "complicidad" del Gobierno de Ayuso

El miembro de la organización de trabajadores apunta que "no quieren mantener las condiciones de los actuales empleados para abaratar costes" y que "esto ocurre con la complicidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es que el que nombra al gerente del Canal Isabel II". Actualmente es Pablo Rodríguez Sardinero, exportavoz del Partido Popular en Arganda del Rey. 

En la misma línea, Pila Pérez, delegada Sindical de UGT Venture, afirma a este medio que esta decisión conlleva perder derechos. "La antigüedad ya la pierdes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Empezar de cero después de 20 años trabajando por un sueldo precario? Lo único que queremos es que se respeten nuestros derechos". 

Los dos representantes sindicales recuerdan que el Canal de Isabel II debe atenerse al artículo 44 del estatuto de los trabajadores, que indica lo siguiente: "El cambio de titularidad de una empresa (...) no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior". Público ha contactado con el ente público: aún no ha habido respuesta. 

El traslado a Valladolid y el elogio de Ayuso

A esto hay que añadir un nuevo problema: una de las empresas adjudicatarias es Telecyl-Madison, que ofrece servicio en Madrid y en Valladolid. Alonso expresa que la compañía pública podría transferir parte del servicio a la ciudad de Castilla y León. "Esto sería una trampa, pues muchos empleados no podrían permitirse trasladarse allí para seguir trabajando", subraya Pérez.

Además, añade que este servicio público se ofrece para la Comunidad de Madrid y desde la Comunidad de Madrid por profesionales con muchos años de experiencia, por lo que llevarlo fuera con un nuevo personal supondría una pérdida de la calidad. María José denuncia que esto "va a afectar a los servicios de la comunidad", por lo que también va a "repercutir" en los ciudadanos madrileños. "Empezar de cero es inviable, es una catástrofe".

Por otra parte, hay que recordar que la otra empresa que ostentará el servicio es Servinform. El representante de CGT recuerda que Isabel Díaz Ayuso visitó esta firma junto al alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez Casavilla (PP). La líder popular alabó la actividad de esta empresa tras la invitación del CEO de Servinform, Ignacio Rufo Rodríguez. "Sois un ejemplo de trabajo y de superación", defendió Ayuso. Esta compañía tampoco se compromete a subrogar a ninguno de los trabajadores.