El Pacto de Estado Social y Político por la Educación se ha desvanecido en el Congreso. La subcomisión por la que pasaron 83 comparecientes y que tenía que ser el marco de tan ansiado consenso no ha podido aprobar una prórroga de su actividad por falta de mayoría: PP y Ciudadanos se quedaron solos después de que el PSOE, Unidos Podemos, ERC y PDeCAT abandonaran la negociación por sus discrepancias con el Gobierno sobre la financiación del acuerdo. ¿De qué ha servido entonces todo este tiempo? ¿Qué va a suceder a partir de ahora? Los grupos parlamentarios se echan la culpa del fracaso los unos a los otros y aseguran que reanudarán su actividad parlamentaria en solitario mientras gran parte de la comunidad educativa avisa de que volverá a las calles.

"Llegados a este punto sólo nos queda recuperar la complicidad de la sociedad y pelear por sustituir la LOMCE", sentencia el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, que avisa de que desde la Plataforma por la Defensa de la Educación Pública se convocarán más movilizaciones como la del pasado 8 de mayo. Ana García, portavoz del Sindicato de Estudiantes (SE), comparte esta visión: "La movilización social es el único camino para lograr cambios", explica a Público. "El ejemplo está en las reválidas. El Gobierno las eliminó porque la presión en la calle fue tan fuerte que se vio obligado a hacerlo", comenta García tras advertir de que el próximo otoño será "caliente" porque "la educación pública no puede estar más".

La reversión de los recortes, que la comunidad educativa cifra en 9.000 millones de euros, y el incremento de la financiación son sus principales reivindicaciones. Si se aprueban los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la inversión educativa supondrá un 3,8% del PIB "y, por mucho que el ministro Méndez de Vigo prometa un 5%, lo cierto es que el Gobierno se ha comprometido en Bruselas a que sea el 3,7% en 2020 y baje al 3,6% en 2030", denuncia García a Público. Para la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), que comparte esa preocupación, lo más importante es que "la oposición se ponga a trabajar para paralizar la ley Wert", afirma su presidenta, Leticia Cardenal.

Unidos Podemos y el PSOE comparten ese punto de la hoja de ruta. Precisamente Javier Sánchez, portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Educación, denuncia a Público que la subcomisión del pacto educativo ha sido "una cortina de humo para prolongar la LOMCE" y explica que su grupo está trabajando en una proposición de ley para lograr una escuela inclusiva que acabe con la brecha de la segregación: "No puede ser que, por ejemplo, el 80% del alumnado migrante esté en la escuela pública, que cuenta con 6.500 millones de euros menos que la concertada", ejemplifica. Sánchez anuncia además que Unidos Podemos se sumará a las movilizaciones de la comunidad educativa y que pronto convocarán un acto conjunto en el Congreso.

La portavoz de Educación de Ciudadanos, sin embargo, no comparte ese enfoque. Marta Martín advierte de que "mucha parte de la comunidad educativa" no ve ninguna solución en los paros y las huelgas y recuerda que la labor de los políticos es "trabajar en el Congreso". "Por eso nosotros seguiremos, por un lado, ejerciendo un fuerte control en materia de educación —somos el grupo que más preguntas escritas y solicitud de documentación hemos hecho— y, por otro, trataremos de enmendar las cuestiones más urgentes de la LOMCE, como la inclusión de los alumnos con necesidades especiales en el sistema de becas", explica a Público.

Cruce de acusaciones entre PSOE y Cs

Martín es pesimista sobre el futuro. Considera que nos esperan "años de conflicto y kaos en educación" que "afectarán a una generación entera" y responsabiliza al PSOE de que la LOMCE dure más tiempo del previsto. "Nos dejaron tirados; su punto de partida era un 'no es no' cuando para llegar a acuerdos se necesita un 'tal vez sí'", sentencia la portavoz de Educación de Cs. 

Su homóloga socialista, Luz Martínez Seijo, recuerda que el PSOE no abandonó el pacto y que estaría dispuesto a seguir hablando "si se hubiera acordado un marco de financiación justo. El PSOE se fue de la subcomisión porque no aceptó la propuesta de financiación del PP: destinar 5.000 millones de euros al sistema educativo público hasta 2025. En este sentido, la diputada socialista recuerda que su grupo ha presentado unos Presupuestos alternativos con 966 millones más para educación, que se destinarían a la ampliación de las cuantías de las becas, a la gratuidad de la primera matrícula, a la ampliación de plazas públicas en la educación de 0 a 3 años, a combatir el abandono escolar temprano y a ajustar la Formación Profesional a la demanda de los sectores emergentes. 

Para el grupo socialista, la vía más rápida para desbloquear la LOMCE es que el PP y Ciudadanos "levanten el veto a una proposición de ley ya debatida que tenía ese objetivo". "No es una cuestión solamente del PSOE, había un compromiso para parar la ley Wert y lo más fácil es volver a eso", remarca.